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Protesta en la Frontera: “Urge construir puentes y no muros”

Del 7 al 10 de octubre, el movimiento por el cierre de la Escuela de las Américas, SOAWatch, está convocando a acciones de protesta y solidaridad en la frontera de Estados Unidos y México. En esta ocasión nos encontramos con María Luisa Rosal, organizadora de base de la organización.

María Luisa, cuéntanos, ¿Por qué motivos están convocando a la convergencia en la frontera?

eduardomarialuisasoaw-300x225Desde hace ya 25 años nos hemos reunidos frente a la base militar, el Fort Benning, donde está la Escuela de las Américas y donde han entrenado a miles de miles de soldados latinoamericanos para cometer estragos y violaciones a los derechos humanos en toda América latina. Este año buscamos, realmente, nombrar las causas raíces de la migración y vemos que se ha ido expandiendo la militarización a la frontera. Hablar de esta militarización significa también la expansión de estas estrategias históricas, militares, de Estados Unidos de intervención por todas las Américas. Hablar de esta frontera también significa mencionar las causas raíces de la migración de las políticas que siguen criminalizando y explotando y separando a comunidades, sobre todo de color, dentro y fuera de este país. Nos reunimos en Nogales, en ambos Nogales, de Arizona y Sonora para decir, ya basta. 

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Maria Luisa Rosal – Organizer

Maria Luisa has been an organizer within the SOA Watch staff collective since 2013. She earned her BA in Political Science from Virginia Commonwealth University, and earned her Master’s in Human Rights and Democratization in Latin America and the Caribbean from the Universidad Nacional de San Martín in Buenos Aires, Argentina. A political refugee in the US, Maria Luisa and her family fled Guatemala during the height of the armed conflict after the 1983 disappearance of her father.

 

Notas para entender la política de EE.UU hacia Venezuela.

El escenario internacional que cubrió la elección para definir los constituyentes en Venezuela el pasado 30 de julio, estuvieron marcadas por la amenaza del presidente Trump de adoptar sanciones contra el país, si finalmente (tal como ocurrió) los comicios se llevaban a efecto.

En un primer momento, el pasado 26 de julio, Estados Unidos decidió sancionar a 13 funcionarios del gobierno venezolano a quienes se les congelaron sus cuentas bancarias en Estados Unidos y, además tal medida les impide realizar negocios dentro del país norteamericano, en fecha posterior la administración estadounidense aprobó el lunes 31, medidas similares contra el Presidente Nicolás Maduro con lo que además de congelar los activos que tuviera en ese país, se prohíbe a cualquier estadounidense establecer vínculos personales con el presidente venezolano. Sigue leyendo

Honduras: Las verdades del examen de la ONU

El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, en su plantón del mes de agosto 2017, informa.

Los delegados del golpismo hondureño que comparecieron a inicios de julio pasado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para ser examinados por segunda vez en materia de derechos humanos, mintieron y además llegaron en retardo: cinco años después. Sigue leyendo

Costa Rica: Detenido graduado de la Escuela de las Américas acusado de Narcotráfico

El 21 de junio pasado fue detenido, con 237 kilos cocaína, José Pizarro Espinoza quien fuera, el año 2007, nada menos que director de la Fuerza Pública de Costa Rica.

Pizarro, de acuerdo al diario electrónico El Comercio, “ejerció ese cargo gracias a su gran preparación y trayectoria policial, mismos conocimientos que años después pondría al servicio de carteles narcotraficantes de Colombia y México, según las investigaciones de las autoridades”. Sigue leyendo

Carta Abierta en apoyo al Proyecto de Ley “Berta Cáceres” para los derechos humanos en Honduras

Firme haciendo clic aquí

Hace 8 años, el golpe de estado militar, realizado por la oligarquía hondureña en complicidad del gobierno de los Estados Unidos, instauró un periodo de represión y terror con el propósito de profundizar en grado extremo el saqueo y la venta del país a empresas privadas y el control del mismo por parte de una pequeña élite. Desde el 2009, mediante el apoyo y financiamiento de los EEUU, se ha implementado una agenda de muerte: privatización, neoliberalización extrema, militarización y represión en contra de los pueblos hondureños. Sigue leyendo

Honduras: Exigimos romper con la impunidad; reacciones ante informe del Estado en el examen del Comité de DDHH de la ON

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El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), llevaron a cabo este día, 11 de julio de 2017, conferencia de prensa referente al manejo de la investigación del asesinato de Berta Cáceres, en las instalaciones del Movimiento Amplio en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras.

Con las intervenciones de Bertha Zúniga Cáceres, actual coordinadora general del COPINH e hija de Berta Cáceres y de Víctor Fernández, abogado, integrante del equipo de abogados del Movimiento Amplio encargado de la causa, manifestaron sus posturas en relación a las reacciones mostradas por el Estado de Honduras en el marco del examen del Comité de Derechos Humanos de la ONU los recién pasados 5 y 6 de julio de 2017 en Ginebra, Suiza. Sigue leyendo

Colombia: En solidaridad con los prisioneros políticos

En la cárcel de Chiquinquirá con los prisioneros políticos de las FARC-EP

En la cárcel de Chiquinquirá con los prisioneros políticos de las FARC-EP

Del 20 al 25 de junio pasado tuve la oportunidad de participar en una Misión de Derechos Humanos a Colombia organizada por la Fundación Lazos de Dignidad y la Coordinadora Americana de los Derechos de los Pueblos.

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Dentro de las actividades que realizamos estuvo la visita a los prisioneros políticos del pabellón N°6 de la cárcel de Chiquinquirá los que hoy, cuando escribo estas líneas, se encuentran realizando en huelga de hambre, junto a más de 1500 prisioneros políticos movilizados en distintas cárceles de Colombia. Ellos demandan que se cumpla la Ley 1820 o Ley de Amnistía e Indulto. Esta ley les permitiría volver a ser libres. Sin embargo, los jueces de aplicación de penas arbitrariamente, por odio, venganza, no la quieren aplicar. Sigue leyendo