Las decisiones de la Corte de Constitucionalidad y los actos de contricción del Congreso no revierten los movimientos del #PactodeCorruptos para garantizar el repliegue de los avances en participación ciudadana, auditoría social y justicia impulsados desde el proceso de paz y acelerados en los últimos años que coinciden con los avances obtenidos por el Ministerio Público, la CICIG y los tribunales actuando conforme a derecho.
La ciudadanía ha sido clara: las cosas deben cambiar de fondo. Los pactos de élites corruptas no pueden ser tolerados más. Nuestro contrato social debe cambiar para reflejar nuestra naturaleza multicultural, una institucionalidad desarrollada para garantizar el bien común, un modelo económico que favorezca desde la economía campesina hasta las diversas formas de empresarialidad de una manera equitativa y un sistema de justicia y de controles democráticos independientes.
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