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Entrevista a Bertha Oliva sobre los Derechos Humanos en Honduras

“O sea, nosotras no celebramos los triunfos ni las derrotas del gobierno, trabajamos por un Estado fuerte que dignifique a su población”

La coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, siguió con atención desde Tegucigalpa los temas del Examen Periódico Universal al Estado de Honduras en Ginebra, Suiza. Las siguientes son sus valoraciones:


“Mire, el gobierno de Honduras asumió la defensa del Estado como si el examen (el EPU) fuera una competición futbolera entre dos equipos rivales, el problema es que el choque fue entre las víctimas y los apologistas de la marca País”, dice señalando al nieto quien finge ignorar la situación.

En efecto, el gobierno post golpe ha mantenido una hostilidad continua hacia las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, contra las independientes, que han documentado y denunciado las violaciones.

En la estrategia de auto defensa del gobierno el tema de los derechos humanos es clave; en la lógica de los costosísimos “asesores de imagen” afecta la Marca País, ese invento promocional que supera todo el positivismo de Dale Carnegie.

En su último comunicado público del lunes 11 de mayo de 2015, el Partido Nacional hecho gobierno desde 2009 afirma — refiriéndose a las voces disonantes no alineadas con el régimen — que éstas “fracasaron en su plan para evitar que Honduras obtuviera el reconocimiento de los avances tangibles en el examen periódico universal de la Organización de las Naciones Unidas”.

¿Cómo valora usted el EPU 2015, Bertha?
En nuestro criterio el gobierno de Honduras recibió una sacudida diplomática en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Los voceros oficiales pronunciaron su discurso cumplidor el viernes 8 de mayo, pero el lunes 11 de mayo recibieron 152 nuevas recomendaciones que deberán cumplir sin dilaciones.
Nosotras no dudamos que en el gobierno hay personas que entienden la filosofía de los derechos humanos y que les preocupa en serio la situación, pero sí dudamos de los publicistas de Casa Presidencial y de los funcionarios que les creen.
Ellos están encargados de manipular la opinión pública con fines perversos.
Pero quienes entendemos las cosas simples sabemos que es un revés, indudablemente, ir a reportar con ánimo triunfalista sobre 129 recomendaciones de 2010 y recibir nuevas recomendaciones sobre los mismos temas y sobre otros de profunda preocupación para la comunidad internacional.
Es una estupidez convertir en triunfo político algo que realmente es una derrota ética y moral.
Pero la narrativa mediática oficial no tiene escrúpulos, aplica el tono propagandístico a los temas de vida o muerte.
Consideran un golazo de chanfle la exclusión temporal de Honduras de las investigaciones de crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, en diciembre de 2013.
Venden como un OK la salida del país del Capítulo IV de la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos — seis años después de su ingreso tras el golpe –, que llaman en lenguaje racista salir de “la lista negra de países violadores de derechos humanos”.
Consideran una hard trick la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Tegucigalpa.

-¿Cuál es el propósito de convertir estos hechos en victorias del gobierno?
El gobierno pretende disuadir a las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos de seguir presentando denuncias ante el sistema interamericano y universal, el de la OEA y el de la ONU.
Es una estrategia a veces sutil, pero generalmente vulgar, de presentar nuestros esfuerzos hacia afuera como inútiles y, peor aún, como un modus operandi del antipatriotismo y, en cambio, ellos sobredimensionan los supuestos esfuerzos por mejorar la situación.
Esta manipulación política de los hechos ha servido para disolver sin hacer polvo la fiscalía especial de derechos humanos en el Ministerio Público y derivar las denuncias hacia otras oficinas, ocupándose ellos sólo de los casos que llaman “de alto impacto”. Lo que importa es impactar la opinión pública, no resolver las situaciones.
En esa lógica han iniciado la instalación de observatorios municipales de la violencia, importando un modelo colombiano — uno de tantos que han traído en inteligencia, transporte público, operaciones anti secuestro, sicariato y otros afines –, para medir a su gusto y conveniencia los indicadores de violencia.
Antes de esa decisión confrontaron a la Universidad Nacional con negación de los datos policiales y forenses e inclusive con chantaje presupuestario, así el gobierno quitó del camino aquél Observatorio creíble citado por todas las agencias de información del mundo y cambiaron la fórmula de contar los cadáveres, reduciéndolos por cada cien mil habitantes.
Luego, más recientemente, están amenazando a muerte a los periodistas que persiguen con inmediatez los hechos violentos y delictivos a nivel nacional, y hasta anuncian la aprobación de una ley para el control de la difusión de contenidos relacionados a la violencia.
Es decir, la estrategia es desaparecer el tema de los medios y del discurso internacional; no se trata de una fórmula de prevención de la violencia y de las violaciones, se trata de un borrar político de la información que afecta sus planes.

-¿Y estas afirmaciones pasaron inadvertidas en el EPU?
No estaría segura de eso. Creo que el Estado hondureño fue a reafirmar por sí mismo una de las nuevas causas de violaciones graves a los derechos humanos: la concentración de la discrecionalidad ejecutiva y la subordinación de los poderes judicial y legislativo a la Casa Presidencial.
Ambas realidades incuban el autoritarismo que se basa en la fuerza bruta militar, fermenta la corrupción y multiplica la impunidad; todo eso junto es una bomba para la vigencia y respeto de los derechos humanos en el país.
Mire usted, la presencia del titular del Poder Judicial durante el examen al Estado en Ginebra fue un escándalo político y diplomático; eso no se había visto nunca, porque es absolutamente improcedente, él por definición es un aplicador de la ley y no un procurador oficioso del gobierno.

-¿Pero eso ya había pasado inclusive antes del golpe, tanto en las defensas del Estado en la CIDH como en Ginebra?
No. Lo que ocurrió en 2009 fue que el representante del régimen golpista, el embajador Urbizo, fue expulsado de la Comisión por defender lo indefendible. Y, es verdad, antes del golpe ya existía la tendencia perversa de los presidentes de utilizar a los fiscales generales y a los Ombudsman como sus defensores, pero nadie se había atrevido a utilizar al magistrado presidente de la Corte, eso fue pasarse de la raya.  Esa fue la confirmación de la subordinación de la Corte Suprema al Poder Ejecutivo, que ya lo vimos en la sustitución arbitraria de la Sala Constitucional el 12 de diciembre de 2012.
También la ausencia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la presencia del diputado Yury Sabas en el  EPU junto a tres secretarios de Estado, incluyendo al súper coordinador del gabinete, es una demostración de las relaciones de subordinación y dependencia que dominan actualmente la lógica autoritaria y concentradora del poder en el país.
Nosotras no creemos que haya sido una demostración de coordinación, fuerza y unidad, eso demostró la gerencia corporativa del Estado como si se tratara de un holding de empresas privadas al servicio de un grupo.

-¿Hay otros aspectos que usted quisiera destacar de este ejercicio del EPU 2015?
No sabemos exactamente cuál es el mensaje del gobierno al haberse excusado por el incumplimiento de las medidas cautelares a favor de centenares de personas y comunidades perseguidas, amenazadas, judicializadas o criminalizadas en el país, porque realmente lo que pasa es que no tienen voluntad política para cumplirlas, abogan más bien por la indefensión de las víctimas.
Otro aspecto que quisiera señalar es la desarticulación del Estado respecto de los sindicatos y organizaciones campesinas, incluyendo los sindicatos de empleados del Estado, que están sometidos al borrado político del escenario económico y social.
Nunca habíamos visto una estrategia más despiadada del Estado contra sus propios empleados en Hondutel, SANAA, hospitales públicos, docencia y energía eléctrica.
El propio gobierno le metió en la cabeza al sindicato de la ENEE que serían empresarios con la asesoría de sus pares colombianos, pero lo que han hecho es avanzar la privatización total de la empresa y usar al liderazgo sindical para atacar a las fuerzas sociales y políticas de oposición.

Ley de defensores
Ni he querido terminar de leer esa ley, porque es tan intrincada y, además, porque no fue publicada en la Gaceta a la velocidad de la reelección, lo que indica que puede ser cambiada en estilo y fondo. Mejor esperar un poco más para comentar.
La Oficina del Alto Comisoinado de la ONU para los DDHH

En principio nosotras apoyamos su apertura, hasta hicimos incocencia en 2013 y 2014 para persuadir a Europa y a Estados Unidos de apoyar con recursos, pero nuestro planteamiento insistía en una comisión internacional contra la impunidad con carácter independiente, participante en procesos legales, con litigio interno e internacional.
A la Oficina del Alto Comisionado queremos verle con plena independencia del gobierno que viola los derechos humanos, cumpliendo con los mandatos de investigación, acompañamiento, incidencia y capacitación, y que tenga rigor con la escogencia de sus ejecutivos y técnicos.
Para nosotras es deseable una Oficina con mirada integral de la causalidad de las violaciones a los derechos humanos en Honduras, sin caer en la trampa del parte aguas político del golpe de Estado como referencia cronológica. Su mirada debe ser histórica y estructural.
La neutralidad no debe ser un valor característico en materia de derechos humanos, eso sería un lenguaje político favorable al gobierno y perjudicial para las víctimas.
Es importante enfatizar que la apertura de esta Oficina no es una victoria de imagen para ver bien el país en términos de Marca de Cambio.
Nosotras decimos que este tipo de decisiones se toman para países donde hubo y hay violaciones sistemáticas de derechos humanos, sin perspectiva de estabilización en el corto plazo y procesos de autoritarismo amenazante de la gobernabilidad institucional.
En resumen, nosotras no celebramos los triunfos ni las derrotas del gobierno, trabajamos por un Estado fuerte que dignifique a su población.
Y no queremos que nos vean como críticas del gobierno, sino como luchadoras por un Estado digno y fuerte institucionalmente al servicio de todas y todos, no de una secta.

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