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Informe de la Misión de SOAW a Paraguay

foto_delegacionMisión internacional de observación de denuncias de violaciones de derechos humanos en el caso Curuguaty y monitoreo de elecciones en Paraguay

Introducción: Desde el 17 al 22 de abril, la Misión de Observación de  derechos humanos de la SOA Watch (Observatorio de la Escuela de las Américas) realizó una visita al Paraguay reuniéndose con organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales para conocer in situ la situación de los derechos humanos y que preocupan a la organización internacional.

Curuguaty

La Misión de SOA Watch visitó a los y las campesinas/os judicializados/as por el caso de la masacre de Curuguaty, los que se encuentran en situación carcelaria en Coronel Oviedo.

La delegación fue acompañada por el premio Nobel alternativo de la Paz, Martín Almada.

También realizó una visita a la ciudad de Curuguaty, para conocer el sitio de la Masacre de junio de 2012 en Marina Cué, y poblaciones afectadas como Brítez Cue e Yvy Pyta, así como a las personas que se encuentran con prisión domiciliaria.

A nivel internacional, a organismos de derechos humanos han llegado denuncias de casos de ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios, torturas y la parcialidad de la investigación desarrollada por la fiscalía general de Paraguay en el caso.

Antecedentes

11 campesinos y 6 policías murieron en un intento de desalojo que conllevó a una balacera en Marina Cue, en la localidad de Curuguaty, 250 km al noreste de Asunción. Esto, durante la incursión de una comitiva policial fuertemente armada. Los campesinos y campesinas habían ocupado las tierras alegando que habían sido usurpadas al Estado por parte del empresario y político colorado Blas N. Riquelme.

La derivación principal de la masacre fue el “juicio político” al entonces presidente Fernando Lugo. La destitución ha sido cuestionada por la comunidad nacional e internacional por no respetar las normas de un debido proceso.

Recientemente, el informe del Comité de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre Paraguay, ha expresado su preocupación por este caso (Curuguaty) “por la información recibida que demuestra falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación desarrollados”.

Naciones Unidas también “expresa su particular preocupación por los recientes homicidios de Vidal Vega, líder campesino y testigo en el caso Curuguaty, y de Benjamín Lezcano, Secretario General de la Coordinadora Campesina “Dr. Gaspar Rodríguez de Francia”.

Tras la matanza, la fiscalía se abocó a investigar solo a los campesinos. Hay 14 acusados por asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio doloso (tentativa en algunos casos); y frustración de la persecución y ejecución penal. La investigación oficial se basa en un testigo cuya identidad se ignora, y sostiene la tesis de que hubo una emboscada de parte de los campesinos hacia policías.

Tras los encarcelamientos, los campesinos y campesinas han llegado a optar por medidas extremas como la huelga de hambre, para exigir justicia y denunciar irregularidades.

Elecciones

La Misión de Observación de SOA Watch a Paraguay también estuvo monitoreando el desarrollo de las elecciones nacionales de este domingo 21 de abril que dio por ganador a Horacio Cartes, de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado).

Dichas elecciones se dan luego de la cuestionada destitución del presidente Fernando Lugo de junio de 2012.

Consideraciones y preocupaciones

En relación a las denuncias e informaciones recibidas, tras reunirse con organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, víctimas, presos, presas y familiares, la SOA Watch manifiesta lo siguiente:

1-Preocupa la falta de asistencia por parte del Estado a los familiares y víctimas de la masacre de Curuguaty.

Un caso concreto es el de Juana Evangelista Martínez viuda de Ruíz, quien perdió a su marido, quedando con 6 hijos, y prácticamente sin posibilidades de ingresos económicos para sostenerlos. Las edades de los niños oscilan entre 6 y 12 años. Actualmente vive de esporádicos ingresos que le genera lavar ropas a sus vecinos, y gracias a la solidaridad de algunas organizaciones que les asisten con algunos víveres.

Otros casos resaltantes son los de Luis Olmedo, su esposa Dolores López, y Fanny Olmedo (hermana de Luis). Ellos viven junto a la madre de los Olmedo, dos niñas menores y el recién nacido hijo de Dolores y Luis. Se encuentran con prisión domiciliaria de manera “preventiva” (aguardan juicio), y no se les permite ir ni a la despensa que está en frente. Debido a esta condición, no pueden salir a trabajar y generar ingresos para subsistir. También deben sobrevivir gracias a la solidaridad de algunas organizaciones.

Fanny está en los últimos meses de embarazo, mientras Dolores dio a luz el 15 de abril, y se encuentra aun en puerperio. Ambas estuvieron presas en violación al Código Civil paraguayo, y liberadas tras la denuncia por parte de organizaciones sociales y ciudadanos asociados a la causa, en organismos internacionales, y mediante la realización de una huelga de hambre por parte de los presos que exigían la liberación de las mismas.

El Estado tiene la obligación de brindarles asistencia. Pedimos la reparación gubernamental para las familias, a fin de que puedan proteger sus necesidades básicas.

2-Preocupa la situación de los presos del caso Curuguaty. No se puede privar de su libertad a personas por acusaciones genéricas, sin elementos concluyentes ni certeza de individualización de los presuntos ejecutores.

Consideramos un grave atentado a los derechos humanos mantener en prisión a personas sin tener pruebas, y en varios casos de manera arbitraria.

A modo de ejemplo citamos el caso de Felipe Benítez, quien ni siquiera era ocupante de Marina Cué. El mismo había ido a visitar a 3 sobrinos al campamento, donde se quedó a pescar y pasar la noche, el día antes de la tragedia.

Tanto Benítez, como Adalberto Castro y Arnaldo Quintana, quienes se encuentran en la Penitenciaria de Coronel Oviedo, además de negar haber participado en enfrentamiento alguno, testimonian haber sido torturados (estando heridos de bala 2 de ellos) por policías al ser arrestados y llevados al borde de la ejecución sumaria por parte sus captores. Diversos testimonios campesinos, así como investigaciones paralelas a la de la fiscalía denuncian la ejecución sumaria de varios de los 11 campesinos fallecidos.

Hemos constatado a través de las declaraciones públicas de las autoridades, que no se respeta la presunción de inocencia de los campesinos y la existencia de una manifiesta parcialidad.

Llamamos al gobierno, al Poder judicial, a mostrar evidencia concreta, o de manera contraria darles la libertad como corresponde.

3-Consideramos que la violación de un derecho fundamental, estipulado en el artículo 114 de la Constitución paraguaya, que garantiza la distribución y tenencia de tierras de manera equitativa a través de la Reforma Agraria,  es el principal detonante de la tragedia de Curuguaty. La injusta condición social a la que están sometidos muchos campesinos y campesinas de Paraguay. El 80 % de las tierras cultivables están en manos de 2 % de propietarios, mientras unos 300 mil labriegos no tienen dónde cultivar.

Citamos nuevamente el caso de Juana Evangelista Martínez, quien vive en un terreno prestado donde no pueden cultivar. La condición de desposeídos llevó a su marido a la decisión de sumarse a los ocupantes de Marina Cué, 8 días antes de la imprevista matanza, “por querer alimentar a su familia”, según dice la viuda.

También es el caso de Luis Olmedo, quien vive en un pequeño terreno, “sitio”, que no tiene título ni espacio para cultivos.

4– Consideramos que la tragedia de Curuguaty, desde las gestiones jurídicas que la posibilitaron tienen graves irregularidades que demuestran la instrumentalización del Estado por poderes fácticos y mafiosos. Según han declarado días atrás Ministros de la Corte Suprema de Justicia, las tierras de Marina Cué no son propiedad de la Familia Riquelme. Fueron donados por la Industrial Paraguaya al Estado Paraguayo, quien nunca tituló a su nombre las tierras. Es decir, ni el Estado ni los Riquelme tenían los títulos de la propiedad. De esta manera, la incursión policial (disfrazada de allanamiento) para desalojar a los ocupantes es a todas luces ilegal.

Esta condición deja sin argumentos a uno de los principales puntos de imputación de los campesinos y campesinas, la “invasión de inmueble”.

Una investigación imparcial debería apuntar a los sectores de poder que manipularon la justicia para sus intereses particulares. Entre ellos: el propietario que ordenó el desalojo y el juez que dio la orden.

Es sumamente sospechoso que el principal instigador del desalojo ilegal, el fallecido Blas. N. Riquelme, sea del mismo partido político que posteriormente utilizó la tragedia para impulsar el juicio político a Fernando Lugo. Deben ser objeto de investigación también los sectores políticos beneficiados por la tragedia, cuyos referentes se conoce que realizaron gestiones a través del Congreso paraguayo para desalojar a los campesinos y campesinas de Marina Cué, y beneficiar a Riquelme.

Su vinculación con el sector político de la familia Riquelme, desautoriza al fiscal del caso Jalil Rachid, amigo de la familia e hijo del también político colorado Bader Rachid (a su vez amigo del Fallecido Blas N. Riquelme). Lo desautoriza como figura neutral para investigar un caso con intereses tan complejos.

Lamentamos que por intereses mezquinos se haya producido la pérdida de 17 vidas humanas.

Los sucesos del 15 de junio de 2012 demuestran la existencia de una conducta política y jurídica preeminentemente abocada a la defensa de sectores poderosos, y en contrapartida, dedicada a reprimir y judicializar a sectores vulnerables que reclaman sus derechos, y que son mayoría.

La movilización de 300 efectivos policiales, acompañados de un despliegue bélico, con helicóptero, armas de guerra, montada y ambulancias, para desalojar de manera ilegal a unos 45 campesinos pobres demuestran el poderío de los sectores que manejan la justicia para sus intereses particulares.

5-Encontramos insostenible la tesis de la fiscalía respecto a la presunta emboscada organizada por los campesinos. La situación de precariedad y la presencia de mujeres embarazadas y niños en el campamento hacen poco creíble la versión de que se haya premeditado un campo de batalla.

Elecciones

La SOA Watch también estuvo monitoreando las elecciones nacionales de este domingo 21 de abril en Paraguay.

En ese sentido, reconocemos la tranquilidad con la que se desarrolló el sufragio.

No obstante, dejamos constancia de nuestra preocupación por el retorno al poder de un sector político que implantó por 35 años una dictadura que materializó violaciones de derechos humanos, persecuciones, exilio, torturas y crímenes de lesa humanidad.

Un signo político bajo cuyo gobierno de “transición democrática” se mantuvo un modelo económico-político clientelista y corrupto que tuvo excluido de sus derechos básicos a los sectores más vulnerables de la población paraguaya. Se mantuvieron también actos de represión contra organizaciones sociales, que quedan constatadas en los más de 100 líderes campesinos fallecidos en el marco de la lucha por la tierra.

Nos preocupa fuertemente la simpatía y la reivindicación de la dictadura expresada en medios de prensa durante su campaña por parte del presidente electo Horacio Cartes. Este reivindicó la “Paz y progreso” (slogan de la dictadura) que “brindó” el Partido Colorado en sus 60 años anteriores en el poder. También vemos preocupantes sus expresiones de desprecio hacia las personas con distinta opción sexual, los sindicatos y sus intenciones de instalar en el poder a su partido “para siempre”, las que denotan aspiraciones excluyentes y totalitarias. Todo esto sin contar con sus vínculos con sectores retardatarios.

Las denuncias de sus vínculos con sectores ilegales como el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, deja mucha duda respecto a que el mismo pueda o quiera cambiar el modelo político y económico que estableció su partido por 60 años.

Expresamos nuestro deseo de que Paraguay no retorne a los años más oscuros de violación de derechos humanos.

Respecto al desarrollo de las elecciones, acotamos como hecho irregular el anuncio por parte del Ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral Juan Manuel Morales, quien en horas de la mañana estaba indicando quien iba ganar las elecciones. En flagrante violación del Código Electoral, desanimando a que algunos sectores acudan a votar.

Sobre SOA Watch

SOA Watch, con oficina en Washington DC, y también en Venezuela y Chile, fue fundado en 1990 por el sacerdote Maryknoll Roy Bourgeois. Es una organización de activistas no violentos preocupados por los derechos humanos y que monitorean el comportamiento de soldados latinoamericanos, egresados e instructores, que son entrenados por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas, denominada también “Escuela de asesinos” o “Escuela de los golpes”, fue el centro de formación de los más grandes represores y torturadores de las dictaduras latinoamericanas, y sigue en funciones.

Observadores de la Misión SOA Watch en Paraguay fueron:

Theresa Cameranesi

Susan Lagos

Emily Creigh

Cristian Sánchez

Frank Schneider

Gary Hagermann

William Karr

17 al 22 de abril de 2013 – SOA WATCH – Informe en PDF

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