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El Salvador: Organizaciones reclaman el fin de la militarización y piden políticas públicas de seguridad concretas

Buscando llamar la atención del presidente Mauricio Funes sobre lo que consideran una grave crisis de militarización en el país, 14 organizaciones sociales salvadoreñas se manifestaron mediante un comunicado público, divulgado el último día 8. Las organizaciones repudian la decisión de Funes de nombrar a militares para cuidar la seguridad pública y critican la proliferación de la violencia juvenil, de la delincuencia y del crimen organizado, situaciones que se volvieron insoportables en virtud de la falta de iniciativas de parte del gobierno.

La decisión del Ejecutivo más condenada fue el nombramiento de dos generales de la reserva para ocupar el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la dirección de la Policía Nacional Civil (PNC). Las organizaciones creen que decisiones como éstas están causando un retroceso autoritario en la “incipiente construcción de la democracia” de El Salvador, además de estar provocando la militarización de la seguridad pública y, en consecuencia, de toda la población.

Las organizaciones enfatizan que aún existen otros medios para combatir la violencia y la criminalidad y mantener la seguridad pública sin que haya necesidad de la presencia de las Fuerzas Armadas, que originalmente tienen como función principal la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio nacional.

El comunicado revela que en los últimos 12 años se cometieron 39.476 homicidios en el país y que en algunas épocas se registraron de 12 a 14 asesinatos diarios. “En la última década esta situación ha venido evolucionando en forma exponencial sin que se haya abordado de manera efectiva el problema, en busca de la solución real, efectiva y coherente con la realidad nacional”, critican.

El comunicado también cita la propagación de la violencia política, intrafamiliar, juvenil, de la delincuencia común y del crimen organizado, situaciones que fueron advertidas por parte de organizaciones nacionales e internacionales, pero que no recibieron atención.

Otro punto que no pasa desapercibido es la falta de políticas públicas orientadas hacia la infancia y la adolescencia, aunque la población nacional esté constituida primordialmente por jóvenes (58,5% de los habitantes tienen menos de 30 años). No hay preocupación por la implementación de medidas concretas de prevención, rehabilitación e inserción social de los menores en conflicto con la ley, reclaman.

En virtud de éstos y de varios otros problemas que el país está acumulando, las organizaciones sociales piden que, por respeto a la Constitución, el presidente corrija la decisión tomada y elija para colocar al frente de las instituciones de seguridad pública a “verdaderos ciudadanos civiles”. Demandan también el respeto de los defensores/as de Derechos Humanos y sus instituciones, así como al trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Piden además que los delitos y la delincuencia sean tratados de manera frontal y sin privilegios, para erradicar la impunidad de la historia del país. Esta medida debe ser tomada simultáneamente con la creación de programas de prevención y atención de las capas sociales más excluidas, además de la creación de oportunidades de rehabilitación e inserción en la vida económica y social del país.

La libre determinación del pueblo también es una exigencia; por eso, repudian “enérgicamente la injerencia de potencias extranjeras en la determinación de las Políticas Públicas en materia de Seguridad pública en la región Centro Americana y por ende en El Salvador”.

Para ayudar a presionar por los cambios necesarios, las organizaciones convocan a la población, en especial a los jóvenes, para que tomen conciencia de la grave amenaza que ronda a su país y ayuden a exigir el fin del autoritarismo y del retroceso a los tiempos de conflictos internos.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

Fuente: http://www.adital.com.br/jovem/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=64468

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