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La voz de las colombianas, en Bruselas

La elección de Juan Manuel Santos en agosto de 2010 como presidente de Colombia en lugar de Álvaro Uribe despertó expectativas de mejora de respeto de los derechos humanos en el país, uno de los de peor historial en el mundo en este terreno. Quince meses después de su toma de posesión, el discurso público de la administración Santos exhibe más sensibilidad y algunas iniciativas legales positivas, pero la terrible realidad sobre el terreno no ha cambiado. La masiva violación de derechos humanos en Colombia por parte de los actores armados legales e ilegales sigue tan mortífera y dramática como en los últimos años, según denuncian numerosas organizaciones de derechos humanos. Sobre los defensores de DDHH ha mejorado el discurso oficial, pero no el comportamiento oficial: los asesinatos, desapariciones, hostigamientos y amenazas no se están reduciendo.
Es cierto que todos los colombianos son víctimas potenciales de la crisis humanitaria del país, cuya violencia extrema a gran escala ha despojado ya por la fuerza a 5’3 millones de colombianos de sus propiedades y proyectos de vida, convirtiéndolos en desplazados internos (refugiados que en su huida no han traspasado una frontera internacional). Colombia es el país con más desplazados del mundo y con más sindicalistas asesinados del mundo (el 65% del total). Solo en las elecciones locales y departamentales del mes pasado asesinaron a más de 40 candidatos. Aun así, otro colectivo resulta una diana aún más vulnerable a tales ataques.

Es notorio que los defensores de DDHH son uno de los objetivos prioritarios de los asesinatos, intimidaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones legales arbitrarias, agresiones, amenazas y señalam! ientos. El año pasado fueron asesinados en Colombia al menos 32 defensores de DDHH, y en el primer trimestre de este año ya lo fueron otros nueve. De momento, bajo el gobierno Santos son ya al menos 20 los asesinados: uno cada tres semanas de promedio. Sin embargo, entre los defensores de DDHH hay un colectivo aún más débil, atacado y amenazado: el de las defensoras. Su extremo nivel de persecución saltó a la actualidad internacional el 7 de junio con el espeluznante asesinato en Medellín de la popular activista Ana Fabricia Córdoba de un disparo en la cabeza a bordo de un autobús en marcha.

Las mujeres que defienden activamente los derechos humanos son a menudo víctimas del conflicto como desplazadas o como madres, parejas o familiares de varones víctimas de los actores armados, todos ellos violadores frecuentes de los DDHH: militares, paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes y mafiosos de toda laya. Son supervivientes, con frecu! encia responsables de familias mutiladas o desestructuradas por la guerra, y además muchas veces víctimas de agresión sexual o violación: se calcula que unas 62.000 colombianas son violadas cada año, es decir, unas 170 al día. Día y noche, año tras año, en Colombia una mujer es violada cada ocho minutos.

Pese a ese entorno tan desalentador y peligroso, las colombianas están dando un paso al frente y alzando su voz. Un poderoso movimiento de mujeres víctimas de la violencia se está organizando y reclamando con energía el respeto a los DDHH, y está logrando una sorprendente sinergia entre colectivos de víctimas, de activistas y de feministas en pos de una agenda común de paz, igualdad y derechos humanos. Algunos representantes de esa alianza emergente están fortaleciendo ! vínculos con entidades políticas y sociales en Europa. Aprovechando una visita de dos respetadas activistas a Bélgica para reunirse el pasado miércoles 9 con miembros del Parlamento Europeo, Oidhaco (Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia), plataforma de 32 ONGs en defensa de los DDHH en Colombia, organizó en Bruselas el acto público “Mujeres defensoras de DDHH, símbolos de la resistencia en Colombia”. Periodismo Humano estuvo allí.

Íngrid Vergara y Claudia Mejía, protagonistas del evento, simbolizan este nuevo frente cada vez más asertivo y cohesionado de defensoras de DDHH en Colombia. Proceden de escenarios dispares y sus perfiles parecen tener poco en común, pero sus mensajes encajan sin solución de continuidad y coinciden en exigir el fin de la impunidad para los crímenes contra activistas, el fin de la permisividad europea ante la atroz crisis humanitaria colombiana y el fin del u! so de las armas para fines políticos. Incluso su protección personal piden que se haga sin armas, rasgo distintivo de la ONG Brigadas Internacionales de Paz, cuyos voluntarios han logrado que nunca sea asesinado un colombiano bajo su protección, a pesar de que es público que jamás empuñan armas.

Las defensoras de DDHH son víctimas por lo que hacen pero también por lo que son: mujeres. Asumen un riesgo personal y para su familia aún más grande que el de los defensores varones. Primero porque suelen encontrarse en una situación económica y emocional más débil, por el hecho de ser mujeres en una sociedad machista repleta de prejuicios. En segundo lugar por la latente amenaza específica de índole sexual: no solo de violación, sino también de escarnio público sobre su sexualidad, lo que en comunidades rurales puede ser muy d! oloroso. Pero la principal vulnerabilidad de las mujeres se debe a que suelen ser las ‘cabezas de familia’, y han de velar por la economía y la seguridad física y psicológica de sus hijos. Cuando el defensor es amenazado puede contar con su compañera. Pero cuando la amenazada es la defensora, ¿a quién recurrir?

Amenazadas pero decididas

Íngrid Vergara, superviviente del exterminado partido Unión Patriótica, ha sufrido dos atentados contra ella, ha sido infundadamente acusada de pertenecer a las FARC (guerrilla marxista) y tiene amenazada de muerte a su hija de 15 años y a su marido el sociólogo Franklin Torres, también señalado por ser un imaginario ideólogo de las FARC. Es la portavoz de las 700 organizaciones que integran el Movice (Movimien! to de Víctimas de Crímenes de Estado), grupo que ha sufrido 104 agresiones, entre ellas el asesinato en un año de sus activistas Rogelio Martínez y Eder Berbel Rocha. “La mayoría de defensores asesinados y desaparecidos, incluidos los 20 matados con Santos como presidente, estaban organizando y reclamando la restitución de tierras. La ausencia de reforma agraria desde hace 70 años y la negativa del gobierno a consultar a las víctimas son las causas. En particular, las víctimas mujeres han tenido una participación nula en las recientes leyes que les afectan por el desinterés estatal”, critica Íngrid Vergara.

Claudia Mejía, abogada, dirige Sisma Mujer, organización feminista de defensa de DDHH que ha sido objetivo de una insistente campaña de amenazas electrónicas de “aniquilación” por parte de p! aramilitares, aparte de haber recibido sus propias amenazas a título personal (y no solo de origen paramilitar). La feminista Mejía ha buscado deliberadamente huir de estereotipos y consensuar una agenda compartida con el resto del movimiento de defensores de DDHH, pues al fin y al cabo las mujeres son víctimas centrales del conflicto. “El 80% de los 5’3 millones de desplazados en Colombia son mujeres y sus hijos. El 70% de las víctimas que denuncian violaciones de derechos humanos son mujeres, aunque normalmente no son por los crímenes cometidos contra ellas sino por los perpetrados contra sus esposos e hijos”, señala Claudia Mejía.

“La mujer, por ser doblemente discriminada, debe ser doblemente revolucionaria”, decían hace décadas las activistas de izquierda en Colombia. Hoy la mujer, por ser doblemente víctima, se alza en Colombia doblemente legitimada y doblemente determinada a reclamar verdad, justic! ia, reparación y garantía de no repetición de los crímenes contra ellas, contra sus parejas ni contra sus familias. Los europos pueden presionar al gobierno colombiano a que proteja a las defensoras de DDHH. Como ellas dicen: “si no presiona Europa, ¿quién lo hará?”.

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