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La “cooperación” de Estados Unidos para la dominación y dependencia neocolonial

El Libertador Simón Bolívar en su célebre Carta de Guayaquil de 1829, decía: “Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para sembrar de miseria a América Latina en nombre de la libertad” Esa profética visión se ha cumplido en las relaciones que la potencia del norte ha creado, mantenido y desarrollado a lo largo de la historia y, en el caso ecuatoriano, disfrazada con conceptos de amistad, cooperación, ayuda mutua, que en realidad han sido procesos de dominación y dependencia neocolonial.

Con el Ecuador las relaciones diplomáticas se iniciaron en 1839 a nivel consular y desde 1889 con el rango de misiones diplomáticas a nivel de embajadores. La verdadera penetración neocolonial comenzó a incrementarse en la década de los 40 en plena II Guerra Mundial, cuando Estados Unidos impuso la firma del Protocolo de Río de Janeiro, por el que el Ecuador perdió más de la mitad del territorio en beneficio del Perú. Inmediatamente Estados Unidos, con la anuencia del gobierno de Arroyo del Río, ocupó las islas Baltra y Seymur en Galápagos y una parte del territorio continental en Manabí, para instalar bases militares que le permitan una mayor eficacia en la guerra con el Japón, naturalmente para salvar la “democracia occidental”. Al terminar el conflicto, Estados Unidos quiso quedarse con las Islas Galápagos, pero gracias a la decidida movilización del pueblo, la potencia imperial “devolvió” esas bases luego de destruirlas y arrojar muchos equipos bélicos al fondo del mar. La “cooperación” estadounidense se intensificó en el contexto de la postguerra a fin de que el Ecuador y América Latina en su conjunto, se conviertan en aliados para la instauración de un nuevo orden internacional que posibilite la consolidación del imperio que se desarrolló a partir del año 1898, y que necesitaba una serie de instituciones multilaterales encargadas de velar por el nuevo orden económico y político mundial. “En esta época las más importantes fueron la ONU y distintas instancias especializadas en temáticas determinadas, el Banco Mundial y el FMI entre otras”

La cooperación estadounidense siempre fue una fachada que escondió los verdaderos intereses geopolíticos de dominación neocolonial. La subordinación y dependencia se fortaleció en 1949, en la administración de Harry S. Truman que creó el programa denominado “Punto Cuarto”, que, en esencia, tenía la misión de promover la oposición al comunismo y así América Latina iba a convertirse en un inmenso escenario de la “Guerra Fría”. En contraposición al comunismo, Estados Unidos ofrecía fortalecer los principios de la democracia representativa, libertad individual y libre comercio que, a menudo, se convirtieron en patrocinio, padrinazgo, autoría y complicidad de tenebrosas dictaduras militares, muchas de ellas de reconocido fascismo.

En la década de los años 50 “los programas de cooperación” se centraron en prodigar “ayudas· en variados proyectos alimenticios. Esta fue la época de desarrollo de empresas transnacionales de Estados Unidos como la United Fruit. En consecuencia mayor fue la explotación de zonas rurales-campesinas que los montos recibidos en “ayudas” en dólares. En este país, en esa década, se consolida la época bananera que también se tradujo en una década de estabilidad económica.

En 1959 triunfó la revolución cubana y para contrarrestarla, el presidente J. F. Kennedy impulsó la visión cooperativista e impuso en Latinoamérica la Alianza para el Progreso que resultó un monumental fracaso. En esta década, Estados Unidos creó lo que hoy se conoce como USAID que fue la encargada de la realización de una serie de programas de “ayudas” para el desarrollo. Los objetivos de la cooperación fueron los mismos, pero con la instauración del socialismo en Cuba, el anticomunismo y la Guerra Fría se intensificaron rabiosamente. En el Ecuador y en otros países de América Latina, Estados Unidos instaló una serie de dictaduras militares anticomunistas que fueron apuntaladas con el aumento de la “cooperación” que llegó a alcanzar la cifra de veinte mil millones de dólares que sirvieron, además, para expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos -OEA-, convertida en Secretaría o Ministerio de las Colonias de Estados Unidos.

“Sin embargo desde un inicio los fondos provenientes de Estados Unidos estuvieron condicionados al cumplimiento de ciertos parámetros por parte de los Estados latinoamericanos. Específicamente los parámetros relacionados a la política de seguridad determinada desde el Departamento de Estado; su línea básica fue impedir el ingreso del comunismo en la región mediante una cooperación de carácter casi totalmente bilateral supeditada a los intereses del Estado dominante, al punto de que posteriormente muchos países latinoamericanos la consideraron como una intromisión en sus ámbitos y asuntos internos”, sostenía Decio Machado, pero los gobiernos civiles o militares a más de tibias protestas, continuaron aceptando las “ayudas”, así ellas signifiquen injerencias directas en los asuntos internos del Estado y la consiguiente pérdida de soberanía e independencia..

En 1962, los Estados Unidos firmaron con el Ecuador el “Convenio Marco: Acuerdo General para la Ayuda Económica y Técnica y para Propósitos Afines”.

Durante la siguiente década, los fondos de cooperación no reembolsables descendieron notoriamente al mismo tiempo que subieron desmesuradamente los fondos colocados por los países del Norte, con carácter reembolsable. Así comenzó a gestarse la inmoral deuda externa convertida en eterno dogal que al apretarse garantizaba la mansedumbre neocolonial.

El objetivo de la ayuda bilateral se concentró en compartir la experiencia norteamericana en temas técnicos y en productos para “resolver” los problemas del desarrollo. Es decir, la asistencia técnica reemplazó las transferencias de grandes cantidades de dinero, de bienes de capital o la construcción de infraestructuras. Estas modificaciones se implementaron mediante el decreto del “Acta de Ayuda Externa”, que en su mayoría siguen vigentes. De acuerdo con la lógica imperial, la “asistencia técnica” se convirtió en una vía de desangre de las pobres economías nacionales porque Estados Unidos la cobró hasta el último centavo con intereses de usura.

En la década de los 70 comenzó la explotación petrolera en la Amazonia ecuatoriana. Fue la década de la dictadura militar con veleidades de nacionalismo revolucionario que implementó una política nacionalista en el manejo de los hidrocarburos, pero ese recurso natural fue manejado por la transnacional estadounidense Texaco, sin ningún tipo de control ambiental que terminó por destruir ecosistemas y vidas de centenares de pobladores amazónicos de diversas etnias aborígenes.

En la década de los 80, bajo el contexto de las crisis económicas y de deudas regionales (principalmente de México y Argentina) el modelo neoliberal de autoría estadounidense para esta parte del mundo, pudo al fin materializarse. Al mismo tiempo la crisis y descalabro de la Unión Soviética produjo un redireccionamiento de los intereses geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos en la región latinoamericana y del Caribe. Si ya desaparecía el fantasma del comunismo, era hora de reemplazarlo con otros fantasmas y peligros, y así se dibujó, perfectamente, el fantasma del narcotráfico internacional patentizado como narcosubversión y narcoterrorismo y para combatirlos estaban las fuerzas armadas y las policías nacionales apoyadas y asesoradas por la CIA y DEA, brazos clandestinos de la penetración imperial.

Por eso, el cambio fundamental ocurrido durante los 80 fue el viraje del discurso anticomunista hacia nuevas temáticas antes no contempladas en la agenda de seguridad estadounidense. La guerra que debía librarse en América Latina era la guerra antinarcóticos como pretexto para la penetración imperial y para ese fin se esbozó la Iniciativa Regional Andina -IRA- que iba a recibir apoyo logístico y militar desde el Comando Sur y desde la CIA y DEA.

El imperio comenzó a condicionar las “ayudas” por la efectividad de la lucha contra la narcosubversión y, en ese sentido, comenzó el chantaje político, económico y militar contra gobiernos, fuerzas armadas y policiales que incluso tenían y tienen la obligación de proteger los intereses estadounidenses y, en particular la protección a las transnacionales encargadas del saqueo de los recursos naturales.

“Sin embargo, el papel protagónico en cuanto a ayudas económicas fue asumido por los organismos multilaterales encargados de velar por el orden macroeconómico mundial tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional”; cabe decir que estos organismos otorgaron fondos principalmente canalizados desde Estados Unidos ya que es el mayor accionista de esas instituciones financieras encartadas de ejecutar las políticas de dominación económica.

En el caso ecuatoriano, en la década de los ochenta, el Ecuador se incorporó a la cruzada contra las drogas durante la presidencia del derechista León Febres Cordero. En su mandato se aprobó la primera legislación anti drogas con carácter represivo. El fundamento de esta ley fue el desarrollo del concepto de narcoterrorismo que había sido fraguado por los especialistas en guerra sicológica de la CIA y El Pentágono. Esa estrategia fue utilizada para vincular a los insurgentes de América Latina con delitos de terrorismo y narcotráfico y en el Ecuador fue el gobierno del social cristiano León Febres Cordero, el encargado de violar los derechos humanos esenciales y asesinó -con apoyo de la CIA-, a decenas de integrantes del grupo insurgente “Alfaro Vive Carajo” (AVC), al mismo tiempo que decía combatir al tráfico de drogas. Las víctimas de esa nefasta política fueron, preferentemente, los jóvenes.

“Paralelamente los primeros flujos de cooperación en este tema llegaron al país desde Washington en concepto de equipamiento militar para la interdicción en el tráfico de estupefacientes y se abrió una oficina de la DEA (Drug Enforcement Administration) en Quito. Posteriormente, Ecuador suscribió el “Acuerdo de Viena” de la UNGASS (UN General Assembly Special Session on Drugs) de 1988, en donde se establecieron los fundamentos del sistema global de control de drogas y se formularon los lineamientos principales de la cooperación internacional para asistencia en cuanto a temas legales y penales.

Los cambios en cuanto a cooperación posteriores a la caída del “muro de Berlín” reflejaron la nueva condición de Estados Unidos en el orden mundial. El discurso de la cooperación fue reemplazado por la promoción del libre comercio. Las ayudas se focalizaron aún más en programas para combatir la extrema pobreza, incluso recurriendo a los famosos Fondos de Inversión Social. Los fondos de cooperación disminuyeron notoriamente en relación a la década de los 80, “trade not aid” fue la premisa” y la exigencia fue una mayor subordinación de nuestros pueblos. La neodependencia alcanzó plena madurez gracias la extrema pobreza que debía ser reducida, aunque no desaparecida.

“A nivel económico se hizo el trazado para la implementación del modelo de Estado neoliberal. Tanto a nivel de producción agropecuaria (por ejemplo, la Ley de Desarrollo Agropecuario formulada desde IDEA por Morris Whitaker o la creación de FUNDAGRO entre otros) como a nivel de salud pública (salud materno-infantil y control de la natalidad) así como a nivel de política ambiental, la agenda fue marcada desde los Estados Unidos.

Cabe anotar que el proyecto neoliberal norteamericano fue secundado al pie de la letra por los distintos gobiernos ecuatorianos, por lo que la retirada del Estado de muchos espacios públicos fue ocupada por el sector privado y cubiertos por una multiplicidad de ONGs dispuestas a trabajar en distintos ámbitos, especialmente en programas de desarrollo económico-social y de protección ambiental”.

“Ya en los años 90, las presiones norteamericanas respecto a la guerra contra las drogas se intensificaron notablemente. Desde el Departamento de Estado se instó a presionar a los gobierno de la región, principalmente a nivel andino, a reformar su marco legal para la tipificación de delitos antes no sancionados de igual manera, como el lavado de activos, el tráfico de armas, la penalización del consumo de drogas, entre otros. Resultado de esto fue la consolidación y puesta en marcha con mayor presión de la llamada Iniciativa Regional Andina, a través de la que se otorgaría de ayuda económica para la facilitación de operaciones militares de las Fuerzas Especiales norteamericanas, la compra de equipo militar y diseño de labores de inteligencia en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; siendo el mecanismo de compensación propuesto por los Estados Unidos la famosa ATPDEA y el sistema SGP.

Ecuador se integró a la misma a mediados de la década de los 90 (coincidiendo con el incremento de la conflictividad en la zona sur de Colombia). En 1999, el Congreso de los Estados Unidos asignó 321 millones de dólares por concepto de ayuda para el desarrollo en América Latina, mientras que la cooperación para la lucha contra el narcotráfico en todo el mundo fue de 496 millones de dólares, de los cuales 97% se destinó a América Latina, en palabras de analista D. Machado. Con las decisiones estadounidense y a fin de reemplazar el fantasma del comunismo como pretexto para penetrar en América Latina, se elevó a enemigo público número uno el problema de las drogas ilícitas, y así las embajadas y agencias estadounidenses ejercieron mayor control en casi todas las actividades del Estado y no sólo en las operaciones antidrogas. Desde la década de los sesenta, los Estados Unidos desarrollaron programas de capacitación militar en la Escuela de las Américas destinada para formar las nuevas generaciones de dictadores, dirigentes de los aparatos represivos del Estado y, por tanto, torturadores y profesionales de la violación de los derechos humanos. Para ejercer un mayor control en las Repúblicas de América Latina utilizaron y utilizan a los militares a quienes los forma ideológica y doctrinariamente, para convertirlos en furibundos anticomunistas y muy proclives a los golpes de Estado.

Estados Unidos cobra con creces las “ayudas militares”. En 1985, un terremoto asoló a la Amazonía ecuatoriana, situación que fue aprovechada por el imperio para penetrar en el Ecuador con el pretexto de “construir una carretera que servirá para sacar del aislamiento a 75.000 damnificados de la provincia del Napo”. El 11 de febrero de 1987, Febres Cordero autorizó, mediante decreto, la firma de un “Memorandum de entendimiento para la construcción de una Sección del proyecto de la carretera San Vicente -San José de Chamanga” (Manabí: provincia costera) entre el Coronel Paúl A. Scharf, comandante del Grupo militar de los Estados Unidos en el Ecuador y el ministro de Defensa, Gral. Medardo Salazar. El 21 de abril de 1985, un mes después del terremoto, firmó una “Enmienda” mediante la cual se acuerda que la carretera a construirse no será la que consta en el memorando sino la Hollín-Loreto-Coca en el Oriente amazónico del Ecuador.

Para cumplir tareas “humanitarias y beneficiosas”, 6.000 reservistas de la Fuerza de Tarea 1168 del ejército norteamericano, durante seis meses, se entrenaron en las selvas orientales en estrategias y tácticas de combate antiguerrillero o en guerra de guerrillas antisubversivas. El objetivo fue sembrar desconcierto o atemorizar a movimientos insurgentes de Colombia, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Perú, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, consideradas por la Casa Blanca como áreas conflictivas de América Latina.

El pueblo ecuatoriano repudió la presencia de esas tropas y exigió la salida de “los guayusas” como los llamó a los militares gringos. Al final se constató que en seis meses, ese grupo militar de “ayuda humanitaria” construyó apenas 2.200 metros de un camino que no sirvió para nada y que la construcción de esa inútil vía no fue gratuita porque pasaron las cuentas por combustible y materiales de construcción y variada logística al gobierno del Ecuador. En definitiva, la “ayuda humanitaria” le costó al Ecuador empobrecido. En otras palabras, este país pagó la preparación militar contrainsurgente del ejército imperial. Siempre ha sido así, la ayuda o cooperación es pagada hasta el último centavo y con intereses por nuestros pueblos.

Y sigue pagando un elevado precio que es incalculable en cuanto afecta a la soberanía e independencia del Ecuador. “La participación de este país en la guerra contra las drogas se hizo relevante a partir del establecimiento del FOL (en castellano: Puesto de Operaciones Avanzadas) de Manta” (Manabí). Esto implicó para Ecuador un considerable incremento de sus ingresos durante 1999, año en el cual recibió 3 veces más dinero en razón de la FOL que por concepto de ayuda económica y social durante el período 2000-2001, adicionalmente si se suma el total de asistencia militar más lo invertido en la Base de Manta, podemos encontrar que los recursos de tipo militar sobrepasaron en un 80% a aquellos entregados a sectores sociales. En el mismo período se dio entrenamiento militar en Estados Unidos a más de 2.000 militares” ecuatorianos que, naturalmente, se convirtieron en sirvientes incondicionales de los intereses geopolíticos y estratégicos del imperio, pero esos militares perciben sus sueldos de los contribuyentes ecuatorianos, es decir que el pueblo paga a sus soldados para defiendan intereses ajenos.

En la década anterior, el discurso tomó nuevos ribetes y se incluyó de manera muy fuerte la agenda antiterrorista en los marcos de cooperación bilateral. Estados Unidos apoyó un nuevo marco de cooperación cuyo eje fueron y siguen siendo la defensa del sistema y el desarrollo alternativo, principalmente a través del Plan Colombia, incrementado con el componente militar Plan Patriota, y el fortalecimiento de la Iniciativa Regional Andina. En estos planes guerreristas, la participación de Ecuador fue muy marginal en relación a la de Colombia, pero de hecho se ha involucrado en el conflicto interno de Colombia. Sin embargo, en el año 2000, la USAID inició un costoso programa de asistencia para control de drogas y de contención del conflicto colombiano para la frontera norte del Ecuador, fondos que se dirigieron principalmente para la UDENOR que actuó como contraparte del fracasado Plan de Desarrollo para la Frontera Norte.

Con estos motivos fundamentados en la lucha contra el narcotráfico y los grupos insurgentes, las agencias militares y de cooperación estadounidenses lograron penetrar en los sistemas de seguridad y justicia de los países andinos con mucha facilidad, y en particular en el Ecuador. La CIA se adueñó de las Fuerzas Armadas y la DEA de la Policía.

Los nuevos temas fueron el lavado de activos (que más tarde desembocó en la ley de lavado de activos y la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera -UIF-), derechos humanos, estrategias de control de la corrupción y seguridad e interdicción antidrogas en los puertos marítimos y aeropuertos. Los montos recibidos por el Ecuador en el marco del Plan Colombia fueron significativamente menores que los percibidos por Colombia. Tan solo en el primer año de su aplicación, Colombia recibió más de 860 millones de dólares en comparación con 20 millones (de los que el 60% se destinó a gastos de tipo militar) adjudicados a Ecuador.

Para la ejecución de los programas de seguridad del Plan Colombia se recurrió a empresas contratistas estadounidenses las cuales manejaron casi la totalidad de los fondos. La evolución de las ayudas a Ecuador en los siguientes años se mantuvo relativamente constante sin superar nunca los 40 millones de dólares al año. En general, los Estados Unidos asignaron ayuda militar a Ecuador para mejorar los sistemas de comunicación, los puestos de vigilancia, movilidad, inteligencia, operatividad de las unidades policiales y militares en la frontera norte. Ya durante la presidencia de Rafael Correa en Ecuador, el monto de la cooperación no reembolsable total para el período trianual 2007-2009 alcanzó los 156,37 millones de dólares, lo que significó un promedio de poco más de 50 millones por año. En suma, la influencia de la agenda estadounidense en la política de seguridad nacional ecuatoriana es notoria y no disminuyó por la llegada al poder político de un gobierno de corte centro izquierdista con perfil nacionalista, sostenía D. Machado.

Las formas de penetración e injerencia de Estados Unidos en la República del Ecuador han sido directas y clandestinas o encubiertas. Las primeras por intermedio de la embajada con los diversos convenios e instrumentos y las segundas con la intervención de la CIA, DEA o de una serie de organizaciones y agencias oficiales como la USAID, Cuerpos de Paz, Punto IV e Instituto Lingüístico de Verano ya desaparecidos y organizaciones como Care, Caritas y variadas sectas religiosas no católicas que se han convertido en punta de lanza de la penetración ideológica, política, cultural y religiosa

De acuerdo a información oficial, históricamente los principales convenios e instrumentos han sido:

Tratado de Amistad, Paz y Comercio (1839);

Tratado Bilateral de Extradición (1872);

Tratado Especial de Comercio (1900);

Acuerdo Comercial (1936);

Convenio Comercial (1938);

Instrumento Complementario al Tratado Bilateral de Extradición (1939);

Acuerdo de Defensa Continental (1942);

Acuerdo de Estabilización Monetaria (1942);

Convenio de Ayuda Militar (1952);

Acuerdo para la Financiación de Programas Educacionales (1956);

Acuerdo General para Ayuda Económica, Técnica y Propósitos Afines (1962);

Acuerdo para Financiar Programas de Intercambio Educativo (1963);

Acuerdo que amplía y modifica el Convenio para Respaldar y Fomentar Inversiones de Capitales Privados (1963);

II Convenio del Programa “Estabilización y Recuperación Económica” de la AID (USAID 1989);

Convenio de Cooperación Técnica y Asistencia Económica (1990);

Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (1993);

Convenio sobre Protección y el Cumplimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual (1993);

Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América Concerniente al Acceso y Uso de los Estados Unidos de América de las Instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para Actividades Aéreas Antinarcóticos (1999).

Estos convenios han sido sistemáticamente renovados, ampliados, modificados o suprimidos para reemplazarlos con nuevos instrumentos de conformidad con los intereses geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos.

Siempre hay que recordar que nada hace u ofrece el imperio si no es para satisfacer sus objetivos de dominación neocolonial en América Latina y el Caribe. Generalmente son los comandantes de las Fuerzas Armadas y policiales, y los gobiernos de corte liberal-burgués, los encargados de ejecutar los planes estadounidenses.

Entre los temas generales de la agenda Estados Unidos-Ecuador constan:

EL DOGAL DE LA DEUDA EXTERNA.- El Ecuador ha sido víctima del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, los gemelos de la explotación usados por Estado Unidos para ejercer la dominación económica.

En diversos gobiernos, la deuda externa creció en forma desmesurada hasta convertirse en un asfixiante dogal porque el Ecuador se convirtió en uno de los países más altamente endeudados del mundo (US$ 17 mil millones), cantidad que superó el PIB de 1998 y representó más del 300% de las exportaciones de ese año, lo que sólo le permitió asignar el 4% del PIB a programas sociales. En 1999, el 8% del PIB fue destinado al servicio de la deuda, correspondiente a más del 64% del presupuesto para el ejercicio fiscal del 2000. De este endeudamiento agresivo el Ecuador no podía salir a pesar de los pagos exorbitantes que realizaba. El sistema para este país fue perverso: Desembolsaba más dólares de los que recibía y la deuda crecía sistemáticamente. En la práctica la deuda fue un pretexto para que el Ecuador pierda la soberanía en la política económica ya que ella era dictada e impuesta por el Fondo Monetario Internacional. El problema de la deuda externa fue aprovechado por Estados Unidos para someter al país al peor de los coloniajes económicos.

Estados Unidos llegó al mayor de los cinismos cuando afirmaba que el Ecuador ha tenido éxito con su propuesta para el canje de los bonos Brady que necesitaba de “un respaldo expreso de los Estados Unidos”, que lógicamente se tradujo en la realidad para un mayor sometimiento y para aumentar la corrupción de los negociadores nacionales e internacionales de esos bonos.

DOLARIZACIÓN AMARGA.- El Ecuador perdió su soberanía monetaria en el año 2000 al dolarizar la economía, hecho acaecido en el gobierno del corrupto Mahuad que permitió que los banqueros cometan el más grande atraco al pueblo ecuatoriano. Fueron más de 8 mil millones de dólares del pueblo que se esfumaron en los bolsillos de banqueros, financistas y oligarquías.

Estados Unidos se aprovechó de la dolarización al cobrar al empobrecido país los derechos del señoriaje por el uso del dólar como moneda nacional. Cobraba más de 500 millones de dólares anuales por ese concepto; es decir que el Ecuador paga al imperio para que ejerza, sin problemas, el coloniaje económico.

AYUDA AL ECUADOR DENTRO DEL PLAN COLOMBIA.- La Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó, el 30 de marzo del 2000, la suma de US$ 12.700 millones como fondo suplementario de emergencia, destinados a operaciones internacionales de seguridad. La mayor cantidad de ese paquete invirtió Estados Unidos en el Plan Colombia. Pocos millones fueron asignados a Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil, países colindantes con Colombia que se vieron afectados por la aplicación de ese plan para combatir al narcotráfico y especialmente a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional –ELN-. La “ayuda” militar fue gastada por Estados Unidos en equipos y vituallas comprados en los mismos Estados Unidos. El Ecuador pagaba a sus militares para que defiendan los intereses del imperio. En el gobierno de Correa, el Ecuador se ha involucrado directamente en el Plan Colombia al enviar 12 mil tropas a la frontera norte con un costo de más de 100 millones de dólares por año. El dinero del pueblo ecuatoriano para ejecutar los planes de dominación imperial.

LA PAZ CON EL PERÚ.- El histórico problema limítrofe entre Ecuador y Perú, siempre fue aprovechado por Estados Unidos en beneficio propio y de sus intereses geopolíticos. En el año 2005 ocurrió la “Guerra del Cenepa” que fue ganada por el Ecuador y perdida en el campo diplomático con la intervención de Estados Unidos como miembro del Comité Asesor Internacional previsto en el Acuerdo Amplio de Integración ecuatoriano-peruano. Estados Unidos ofreció una significativa cantidad de dólares a Ecuador y Perú en concepto de cooperación para la paz y el desarrollo fronterizo. Han pasado 11 años y esa “ayuda” no se concreta.

EL PLAN ECUADOR PARA LA FRONTERA NORTE.- El Plan Colombia y su componente militar Plan Patriota que ejecutan Estados Unidos y Colombia han creado situaciones sumamente conflictivas y han problematizado la vida de la población fronteriza. El uso de glifosato para erradicar las plantaciones de coca ocasionó graves problemas de salud a centenares de hombres, mujeres y niños, destruyeron ecosistemas y afectaron cultivos y animales domésticos de zona. El Ecuador ha interpuesto una demanda a Colombia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El demandado debía ser Estados Unidos que es el proveedor de la sustancia tóxica a más de aviones y pilotos mercenarios de la Dyn Corp para lanzar el glifosato.

Estados Unidos es consciente de la situación creada y la misma embajada informó en su oportunidad sobre que “la conflictiva situación actual de Colombia ha afectado gravemente a la población de la frontera norte del Ecuador, por lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores preparó un Plan de Desarrollo de esa región, cuyo objetivo básico es el de impulsar el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las personas que habitan en ella. El desarrollo alternativo busca lograr la erradicación del narcotráfico y los delitos conexos, así como de las actividades subversivas”. El Gobierno del Ecuador conformó a mediados del 2000 una Unidad Ejecutora para la aplicación de dicho Plan, cuyo financiamiento requiere de la cooperación internacional”. El Plan UDENOR fue un fracaso debido a la dejadez gubernamental y al apoyo de Estados Unidos concretado en planes y proyectos de la USDAID con intereses netamente militares y con libertad de acción para los agentes de la CIA.

El objetivo de Estados Unidos era obtener facilidades de la parte ecuatoriana para el combate a las guerrillas colombianas y, naturalmente, porque “el Plan de Desarrollo de la Frontera Norte no sólo permitirá una mayor cooperación entre los Estados Unidos y el Ecuador, sino que era un complemento fundamental para evitar que el problema del narcotráfico (léase guerrillas) se traslade al territorio ecuatoriano.

El gobierno de Correa suprimió UDENOR y lo reemplazó con el Plan Ecuador que luego de 4 años no acaba de despegar debido al incremento del componente militar y a la decidida colaboración ecuatoriana dentro de la estrategia denominada “yunque y martillo”.

TLC, BANANO Y COMERCIO.- El ALCA y los tratados de libre comercio fueron un fracaso del imperio, al menos en lo que al Ecuador se refiere. Fueron la movilización popular y el movimiento indígena los que impidieron que se firme un TLC con Estados Unidos porque el pueblo compendió que con la vigencia del TLC se incrementaba y se aceleraba la neocolonización.

En el gobierno de Correa fue sepultado el TLC y en su lugar el país se unió al ALBA diseñado por Cuba y Venezuela. El impulsor más activo de la Alternativa Bolivariana es el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, respaldado por la riqueza petrolera.

Sin embargo, el Ecuador sigue siendo el principal ·socio” comercial de los Estados Unidos, socio que se aprovechó del diferendo comercial con la Unión Europea a causa del Régimen de Importación, Venta y Distribución de banano aplicado por la Unión Europea. El Ecuador obtuvo un fallo favorable de la Organización Mundial del Comercio que obligó a la Unión Europea a modificar la legislación interna. La posición de la UE no fue aceptada por Estados Unidos que defiende sus propios intereses..

BASE DE MANTA.– El 12 de noviembre de 1999 se suscribió el “Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América concerniente al Acceso y Uso de los Estados Unidos de América de las instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para Actividades Aéreas Antinarcóticos”.

Los sirvientes de Estados Unidos en el Ecuador emitieron informes favorables del Consejo de Seguridad Nacional, de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional. La Corte Constitucional integrada con mayoría social cristiana y demócrata cristiana declaró constitucional ese convenio que lesionaba gravemente la soberanía nacional.

Según un informe de la Embajada de Estados Unidos en Quito, “ese instrumento constituye un mecanismo para avanzar en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y asegurar que se aborden, de manera compartida, todos los aspectos derivados de tal problemática en forma integral y equilibrada. Su propósito fundamental es el de intensificar la cooperación internacional para la detección, monitoreo, rastreo y control aéreo de la actividad ilegal del tráfico de narcóticos a que se refieren diversos instrumentos políticos y jurídicos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas de 1988; el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas de 1998; los Acuerdos antinarcóticos bilaterales aplicables y vigentes; y, ciertos postulados de la Estrategia Antidrogas utilizada en el Hemisferio.”

Ese convenio tenía una duración de 10 años renovables, pero el gobierno de Correa negó la prórroga y Estados Unidos se vio obligado a abandonar la Base de Manta. En la actualidad, por disposición constitucional, ninguna potencia extranjera, bajo ningún pretexto puede instalar bases militares o albergar tropas extranjeras en territorio ecuatoriano.

LA COOPERACIÓN IMPERIAL.– El Gobierno de los Estados Unidos, con inaceptable paternalismo, otorga “ayudas” al Ecuador que se concretan en diversos y variados proyectos. Esas “ayudas” las paga el Ecuador con creces, más allá de todo lo tolerable, porque ha permitido la injerencia imperial en todos los asuntos internos del Estado lo que significa la pérdida sistemática de la soberanía nacional. Bien se puede afirmar que el país paga, puntualmente a Estados Unidos, para que ejerza diversas formas de injerencia y dominación neocolonial.

La “cooperación de Estados Unidos se realizaba por intermedio de la AID que en la actualidad se llama USAID, o por medio de otras organizaciones imperiales como lo fueron el Punto IV, ILV y variadas formas de penetración por intermedio de los Cuerpo de Paz, Comando Sur, NED, Comisión Fulbright, Fundación Rockefeller, sectas religiosas, DEA y CIA, especialmente.

LEY DE PREFERENCIAS ARANCELARAS ANDINAS.– Una constante reiteración ha sido la necesidad de enemigos que tiene el imperio y como ya se dijo anteriormente, creó un nuevo enemigo al desaparecer el “fantasma del comunismo” y así el actual enemigo imperial tomó el nombre de narcotráfico, narcoterrorismo o narcosubversión, según sea el interés económico o político coyuntural de Estados Unidos. Naturalmente que los peones en ese combate son nuestros pueblos. Como una especie de “reconocimiento” a los países andinos que dedican dinero, hombres y todo tipo de logística, en suma esfuerzo y sacrificio, para la lucha contra el narcotráfico internacional, Estados Unidos, al más puro estilo de chantajista mundial, dictó una Ley, como un mecanismo de recompensa por en el combate que libran los países andinos contra la droga y delitos conexos.

Esa ley estadounidense conocida como Ley de Preferencias Arancelarias Andinas o ATPDEA por sus siglas en inglés, nunca fue negociada por los países “beneficiarios” de las exportaciones hacia la potencia imperial. En el caso ecuatoriano, la ATPDEA feneció en el mes de febrero de 2011 y era negociada para su prórroga o extensión en una serie de lobbys realizados en Washington tanto con congresistas republicanos como demócratas.

Al decidir el gobierno de Correa expulsar a la embajadora H. Hodges en respuesta a su negativa de explicar los wikileaks que involucraron al Presidente del Ecuador en actos de corrupción en el nombramiento de Comandante de la Policía Nacional, Estados Unidos, en represalia dio por terminado el “diálogo bilateral” con el que se trataba de obtener la prórroga de esa Ley. No ha habido renovación y el comercio se mantiene con Estados Unidos.

El fin de la ATPDEA es una oportunidad para que el Ecuador busque nuevos y alternativos mercados para sus productos y una oportunidad para acabar con la subordinación neocolonial mantenida por tanto años en los procesos de comercialización con Estados Unidos.

LAS EXTRADICCIONES NEGADAS POR EL IMPERIO.- Está vigente el Convenio de Extradición y las distintas modificaciones impuestas por Estados Unidos que, en la práctica, ha significado un convenio de una sola vía a favor de los intereses del imperio.

El Gobierno del Ecuador, en múltiples ocasiones ha reiterado al Gobierno de Estados Unidos sus pedidos de cancelación de visas, deportación y extradición de individuos prófugos de la justicia nacional, en especial de los banqueros prófugos, como los hermanos Isaías. Hasta la fecha, las solicitudes han quedado en letra muerta, quizá porque esos hermanos hacen honor a la “iniciativa privada” al invertir millones de dólares mal habidos, en la potencia imperial.

LA DOLOROSA MIGRACIÓN.– Algunos analistas sostienen que alrededor de 3 millones de ecuatorianos han emigrado a Estados Unidos en busca del “american way life” o del “american dream”. La inmensa mayoría se ha estrellado contra la realidad en la que decenas o centenas han muerto en la odisea del viaje, otros han sido deportados o están en las cárceles imperiales.

Nadie sabrá nunca cuántos permanecen ilegales y nunca se sabrá cuántas embarcaciones ecuatorianas han sido hundidas y sus tripulantes o pasajeros asesinados, inclusive dentro del mar territorial de 200 millas, por efecto de bombardeos, misilazos o balazos lanzados desde buques de guerra estadounidenses, alertados por aviones que despegaban desde la ecuatoriana Base Aérea de Manta.

El Ecuador ha desarrollado verdaderos esfuerzos para establecer un mecanismo de cooperación conjunta con los Estados Unidos en materia migratoria, pero siempre se ha topado, con la mayor dureza desplegada por el amo imperial.

EMELEC.- Estados Unidos, con la finalidad de proteger los negocios de un poderoso banquero ecuatoriano, Aspiazu, dueño del ex banco Progreso que estafó a miles de ciudadanos y que también era propietario de la Empresa Eléctrica del Ecuador- Guayaquil- EMELEC, quiso intervenir en los procesos judiciales atendiendo solicitudes de senadores y representantes demócratas y republicanos con el argumento de que EMELC es una empresa estadounidense que ha sido expropiada. EMELEC no es propiedad de Estados Unidos y, por tanto, no pudo ni debía intervenir en los procesos judiciales.

En la actualidad, EMELEC, es de propiedad del Estado ecuatoriano.

LAS ANDANZAS DE USAID

La AID que inició sus actividades en el Ecuador al finalizar la II Guerras Mundial, se transformó en USAID que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Según la propaganda oficial, “USAID/Ecuador brinda asistencia para promover el desarrollo y los intereses de la política externa de los Estados Unidos en Ecuador, con el fin de afianzar la democracia y expandir el libre mercado, mientras se logra una mejor calidad de vida para miles de ecuatorianos.

La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, con sede en Washington D.C., a través de sus Misiones en Latinoamérica y el Caribe; África Subsahariana;  Asia y el Medio Oriente; Europa y Euro-Asia, ha implementado programas de asistencia económica y humanitaria desde 1961. USAID trabaja también muy de cerca y de manera conjunta con organizaciones privadas y de voluntariado con sede en los Estados Unidos, instituciones indígenas, ONGs locales e internacionales, empresas norteamericanas y otras agencias nacionales e internacionales”. En suma es la agencia que se mete en todo y en todas partes para consolidar el poder hegemónico imperial en este país de la mitad del mundo,

Según la propaganda oficial del imperio, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha apoyado el desarrollo económico y social de Ecuador desde 1942 y ha canalizado $707.2 millones en asistencia. La Misión ha cumplido 63 años de cooperación técnica y económica en Ecuador. USAID y las agencias del pasado (Punto Cuarto, Servicios Interamericanos, Alianza para el Progreso) han brindado una importante ayuda económica para llevar a cabo las estrategias y proyectos que Ecuador, a través de entidades públicas y privadas, ha implementado para alcanzar su objetivo de desarrollo social y económico.  En respuesta a las prioridades establecidas por Ecuador, USAID ha trabajado a lo largo de estos 63 años en las siguientes áreas: promoción de políticas de diálogo, fortalecimiento institucional, transferencia de tecnología en sectores tales como salud, agricultura, educación, vivienda, promoción del comercio e inversiones; y recientemente en desarrollo económico, conservación de la biodiversidad, apoyo a sistemas democráticos e instituciones, integración de la frontera sur y el Programa de Desarrollo de la Frontera Norte.  Los Programas bilaterales de Asistencia Técnica y Económica del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Ecuador se iniciaron oficialmente el 20 de noviembre de 1942, a través de la firma de convenios para proyectos en salud pública y desarrollo agrícola.

Desde 1949 hasta 1960, el “Punto Cuarto” se focalizó en sectores de salud, agricultura, educación y en el desarrollo de pequeños negocios y artesanías.  El lanzamiento de Alianza para el Progreso en la década del 60 representó el nuevo enfoque de la asistencia bilateral de los Estados Unidos.  Este enfoque tenía como fin el promover el desarrollo socio-económico y fortalecimiento del sector privado.  La Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) fue creada para ser la institución ejecutora de la Alianza.  Los programas de asistencia administrados por USAID bajo la Alianza para el Progreso se llevaron a cabo en sectores industriales, servicios de infraestructura básica, vivienda, desarrollo cooperativo y administración pública.

En 1972, la asistencia específicamente técnica y económica de la Alianza para el Progreso finalizó.  En ese entonces, el Congreso de los Estados Unidos requería que USAID enfocara sus programas de asistencia en proyectos que incrementen de forma directa el estándar de vida y satisfagan las necesidades básicas de los grupos más pobres de los países en vías de desarrollo.  En el caso de Ecuador, la prioridad de USAID era la de dar apoyo a las iniciativas del país en sectores como salud, nutrición, educación básica y planificación familiar.  USAID también apoyó el desarrollo de la productividad agrícola y fomentó las pequeñas y medianas empresas con el fin de crear empleos e incrementar el ingreso de los habitantes más pobres en zonas rurales y urbanas.  A finales de 1979 y a comienzos de 1980, Ecuador regresó al sistema democrático después de muchos años de haber estado bajo la tutela de gobiernos militares.  En la década de los 80, los Estados Unidos comenzó un nuevo programa de asistencia a través de USAID con el fin de apoyar el retorno a la democracia.  Un elemento importante del nuevo programa, fue la implementación de los proyectos financiados por USAID por parte de organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales.  En 1985, USAID dio prioridad al diálogo en políticas macroeconómicas y sectoriales para impulsar el desarrollo económico y social.  A su vez, USAID decidió promover las exportaciones agrícolas de productos no tradicionales.  La década de los 90 trajo nuevos desafíos de desarrollo y oportunidades de cooperación bilateral entre los Estados Unidos y Ecuador.  Los programas de USAID en Ecuador se concentraron en promover el desarrollo económico sostenible, mejorar los servicios básicos de salud y planificación familiar, fortalecer las instituciones democráticas y la participación ciudadana y finalmente, conservar la biodiversidad y recursos naturales”. En el papel, Estados Unidos y la USAID han procurado el desarrollo del Ecuador, pero en la práctica ha significado una grosera intromisión en los asuntos internos del Estado desde la política para devenir en parte activa en los procesos de subyugación y dependencia.

Además, la CIA para la ejecución de sus actividades clandestinas, incluidas golpes de Estado, a menudo ha utilizado a la USAID como fachada de sus operaciones ilegales.

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