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Honduras: La lucha contra las ciudades modelo no ha terminado, no hay que bajar la guardia advierte la resistencia popular

La Corte Suprema de Justicia (CSJ)  resolvió el miércoles por 13 votos contra 1 que el decreto legislativo que creaba las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) es inconstitucional porque implica la enajenación del territorio hondureño.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras declaró el miércoles 17 de octubre,  inconstitucional el decreto legislativo No. 283-2010, que crea las “ciudades modelo” y que había sido impulsado por el presidente Porfirio Lobo Sosa y el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández.

Una serie de recursos de inconstitucionalidad se interpusieron ante el máximo tribunal de justicia, uno de ellos impulsado por la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho que integran los abogados Oscar Cruz, Fredín Fúnes, Jari Dixon y Fuad Castillo (fiscal activo del Ministerio Público).

El recurso fue interpuesto el 18 de octubre de 2011 contra el decreto legislativo 283-2010, ratificado con el decreto 04-2011, mediante el cual se reforman los artículos 304 y 329 de la Constitución de la República y se crean las RED.

Los profesionales del derecho argumentaron  que dicha reforma vulnera preceptos constitucionales como la soberanía, el territorio y la forma de gobierno. Recientemente la Sala Constitucional votó cuatro a uno por declarar ilegal estos decretos, lo que no era suficiente para dictar sentencia.

Como no existió unanimidad en la Sala Constitucional, el pleno emitió la sentencia definitiva ratificando lo resuelto en dicha sala. Al expediente resuelto se acumularon otros 51 recursos que correrán la misma suerte por tener los mismos argumentos

Trece magistrados votaron a favor del recurso de inconstitucionalidad, uno sólo votó en contra, mientras que el presidente de la Corte, Jorge Rivera Avilés, emitió un voto particular, ni a favor ni en contra. Por tanto, la votación resultó 13 a 1, más el voto particular.

La resolución final argumenta que la reforma a los artículos 304 y 329 “vulnera preceptos constitucionales como la soberanía, el territorio y la forma de Gobierno”.

Cabe señalar que el Ministerio Público había recomendado a la CSJ declarar con lugar el recurso, precisamente, por “vulnerar la Constitución”. Aunque dicho dictamen no era vinculante, fue ilustrativo para que los magistrados y magistradas emitieran su sentencia.

Con la resolución emitida la Corte también ratifica el fallo de la Sala de lo Constitucional que, en una primera resolución, había resuelto que aprobar la llamada Ley de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), que creaba microestados autónomos, implicaba “enajenar el territorio nacional”.

“Bajo administración de un gobernador, con sistema de justicia y seguridad propios, las ‘ciudades modelos’ serían zonas entregadas a inversionistas extranjeros mediante concesiones de hasta ocho décadas, en una extensión de 33 km2 cada una”, explicaron los juristas de la Sala.

Juan Orlando Hernández no comparte decisión de la CSJ

La iniciativa fue aprobada en enero de 2011, por 126 de los 128 diputados del Parlamento hondureño. Los diputados que se opusieron al decreto fueron Augusto Cruz Ascencio del partido demócrata cristiano y el liberal Darío Banegas. Sin embargo, desde octubre de 2011 comenzaron a surgir diversos sectores sociales denunciando que se estaba entregando la soberanía del país a extranjeros, entre otros motivos.

La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) inició desde finales del año pasado una cruzada permanente en Tegucigalpa para mostrar su rotunda oposición al decreto, el llamado de la comunidad garífuna obtuvo el respaldo progresivo de varias fuerzas sociales del país hasta lograr que el poder judicial declarara inconstitucionales las ciudades modelos.

Una de las primeras reacciones fue la del presidente Porfirio Lobo quien dijo que las propuso como “fórmula para generar focos de desarrollo”, en un país donde 70 por ciento de sus 8,4 millones de habitantes vive en la pobreza, uno de los índices más altos de América Latina.

“Las ciudades modelo que predominan en Asia han sido la solución para el crecimiento económico y desarrollo acelerado en esa región del mundo”, argumentó Lobo.

Según la información oficial disponible, las ciudades modelo, tendrán personalidad jurídica, un sistema propio de administración pública y su propia normativa legal, aunque sujeta a la aprobación del Parlamento nacional.

El asesor jurídico del Congreso Nacional, Eval Díaz expresó que cuando el poder legislativo comenzó a promover la aprobación de las regiones especiales de desarrollo para generar la inversión se movilizaron varios grupos para ejercer presión y un diario todos los días se encargó de ensuciar y descalificar este proyecto, las radios y los medios de este grupo que quiere acabar con la Constitución (resistencia popular) se encargó de empañarlo y de hacer una presión permanente y entonces fue cuando la Corte falló.

“Así que yo no creo que haya sido una decisión jurídica, yo creo que fue una decisión en base a presiones políticas, y aquí no perdió Juan Orlando Hernández, aquí no golpearon a los diputados, aquí a quien golpearon fue a los cientos de miles de hondureños que ya no van a tener la oportunidad de tener en el corto plazo, la posibilidad de un empleo digno que eso era lo único que buscaba este proyecto”, advirtió Díaz.

El propio diputado presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández sostuvo que no compartía la decisión del máximo tribunal de justicia, pero que acataba la resolución y que buscaría otras alternativas para ofrecer empleo a los hondureños.

El maestro de derecho constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Ramón Barrios, expuso que la reforma constitucional que el Congreso Nacional aprobó en enero de 2011, al crear las RED fue una acción  inconstitucional porque cedía parte del territorio nacional y lesionaba la soberanía. “Con lo cual los diputados y el Congreso Nacional en pleno no estaban facultados para hacerlo”.

Barrios dijo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha expresado que toda la legislación de las RED es inconstitucional.

Mientras tanto el dirigente obrero Carlos H. Reyes mostró su regocijo por la resolución de la CSJ y dijo que había que felicitar a los abogados que redactaron el escrito de inconstitucionalidad, “porque ese escrito obligó a la Sala de lo Constitucional a dar una respuesta a todos los considerandos y es un estudio importantísimo que puso en jaque mate al resto de los magistrados que no tuvieron más que votar 13 a 2, pese a una serie de maniobras que no les dio resultado”.

Reyes advirtió que el pueblo hondureño no debe descuidarse “porque esta gente va a buscar otra manera de hacer esas cosas, la guardia no hay que bajarla porque puede haber otras maniobras políticas, sin embargo es correcto reconocer esa decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque definitivamente esa Corte en la mayor parte de los casos ya sabemos lo que ha venido haciendo en este país, incluyendo el caso del golpe de Estado, que no es que con esto lo van a lavar, pero por lo menos están empezando a dar algunos síntomas de que tienen intenciones de cambiar y defender los intereses de este pueblo”.

Finalmente el abogado Oscar Cruz de la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho expresó que este es un logro no solo un grupo de abogados, en realidad es de muchas personas que tienen  la dignidad, que han perdido los funcionarios del Estado, así que no puede haber una atribución individual, sino colectiva.

“Hemos logrado que la Corte Suprema aunque sea solo un chispazo, por  esta vez, haya actuado también con dignidad y conforme a derecho y no se hayan dejado doblegar por las presiones que nosotros sabemos, como las amenazas de Juan Orlando Hernández”, resaltó Cruz.

La Asociación de Juristas por el Estado de Derecho manifestó que tocará ahora al Ministerio Público iniciar con el enjuiciamiento de aquellos diputados y diputadas que traicionaron a la nación al aprobar las RED, acciones que también abarcan a los presidentes de los poderes ejecutivo y judicial, Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, respectivamente que incurrieron también en el delito de traición a la patria.

Un envío de LOS NECIOS…

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