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En el Bajo Aguán, Honduras, toletazos, gases y cárcel contra campesinos en lucha

“Nos acusaron de manifestación ilícita y nos liberaron a las dos de la mañana. Ahora pretenden que no participemos en protestas públicas, pero no podemos dejar de reclamar justicia, ni abandonar la lucha por nuestros derechos”

La criminalización de la protesta campesina en Honduras no para. En días pasados, la capital hondureña fue escenario de una nueva y violenta represión policial contra cerca de 350 campesinos y campesinas pertenecientes a diferentes organizaciones del Bajo Aguán, quienes fueron desalojados de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia a punta de toletazos y gases lacrimógenos, cuando exigían una solución rápida y urgente al conflicto agrario de la región norte del país, así como el cese de la represión y el fin de la impunidad. Específicamente, las organizaciones campesinas del Bajo Aguán pedían reunirse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Rivera Avilés, para plantearle la necesidad de que se juzgue con imparcialidad el caso de las tres fincas en posesión del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA). Los campesinos pedían también la suspensión inmediata de los juicios amañados en su contra, así como la liberación de 25 campesinos que fueron detenidos el pasado 21 de agosto.

Pero en lugar de aceptar la solicitud de diálogo, la policía preventiva procedió con el uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, dejando una decena de personas heridas, seis menores con asfixia por el gas lacrimógeno y 25 campesinos detenidos, entre ellos Yoni Rivas y Vitalino Álvarez, secretario general y vocero del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), respectivamente; Carlos Ramón Navarro, presidente de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH); y Antonio Trejo, apoderado legal del MARCA.   Los campesinos detenidos fueron acusados de manifestación y asociación ilícita, y se les dictaron medidas sustitutivas a la prisión, prohibiéndoles participar en cualquier manifestación popular en las calles del país. Sirel Vitalino Álvarez, vocero del MUCA, dijo que permanecieron incomunicados por más de 24 horas y que las personas heridas y golpeadas durante el desalojo no tuvieron acceso a medicamentos.

“Nos acusaron de manifestación ilícita y nos liberaron a las dos de la mañana. Ahora pretenden que no participemos en protestas públicas, pero no podemos dejar de reclamar justicia, ni abandonar la lucha por nuestros derechos. En estos días hemos vivido en carne propia la manipulación de quienes controlan el país. Hemos visto el poder que tienen y sus planes para destruirnos. Sin embargo no nos van a poder detener y vamos a seguir exigiendo justicia”, dijo Álvarez.

Seguir leyendo en: http://desinformemonos.org/2012/09/honduras-2/

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