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Nueva victoria legal para la paz en Costa Rica

Mediante comunicado de prensa del Judicial, del día 1 de Agosto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, hizo pública su decisión de ratificar la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que anuló el vilipendiado “decreto de armas prohibidas” emitido por el ex-presidente Oscar Armas Sánchez.

La acción fue interpuesta por varios ciudadanos entre los que figuran Flora Fernández y Óscar Aguilar Bulgarelli, así como el fallecido y muy querido Agustín “Tin” Páez, quienes fueron representados en el proceso por el abogado Roberto Zamora.
Zamora es conocido por sus multiples victorias legales en favor del Derecho Humano a la Paz, entre ellas la anulación al apoyo que el Presidente Pacheco diere a la coalición invasora de Irak, así como la anulación del “Decreto de Armas Nucleares” emitido también por el presidente Arias. Este último caso derivó en el reconocimiento del Derecho a la Paz como un derecho de rango constitucional, convirtiendo a Costa Rica en el único país del mundo en reconocer y aplicar tal derecho.

El decreto anulado, permitía a los jefes de unidad policial autorizar el uso de armas de guerra y otras armas prohibidas cuando lo estimasen conveniente, particularmente y especialmente en caso de manifestaciones pacíficas de los ciudadanos.

La legislación costarricense establece que la utilización de armas prohibidas por la fuerza pública, únicamente puede darse mediante decreto de emergencia y en situaciones de conmoción interna, invasión extranjera o estado de sitio. El decreto emitido por el presidente Arias no cumplía con los requisitos indicados, así como tampoco establecía duración en el tiempo del decreto. Adicionalmente, la potestad de autorizar el uso de dichas armas está reservada para el Presidente de la República para los casos dichos, por lo que no puede ser delegada en los “jefes de unidad policial”.

En el 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo había declarado con lugar la acción interpuesta contra el decreto. La Procuraduría General de la República (PGR) decidió impugnar la sentencia del Tribunal Contencioso alegando que los actores no tenían “legitimación” para poner la demanda, pero la PGR nunca alegó que el decreto estuviera mal anulado o que el el mismo no fuera ilegal. Esto ultimo para el Abogado Zamora “es algo muy extraño. La PGR por ley debe verificar la legalidad de los actos del Estado y en este caso, trató de revivir el decreto por razones de forma a pesar de reconocer que el mism efectivamente es ilegal. Es muy extraño, la PGR tratando de mantener vigentes actuaciones que reconoce ilegales. A mi me parece que eso no está conforme a derecho y debería ser investigado. El Gobierno, la Presdiente y el Ministro de Seguridad parecen no tener ni la más minima idea de lo que hacen en materia de seguridad nacional y seguridad ciudadana y con la excusa de que los actos administrtivos son válidos hasta que se anulen, abusan del derecho para actuar ilegalmente, y ellos lo saben. Esto es un problema que es de raíz y no pueden, ni saben cómo atacar, de hecho, sin reforma legal, ellos no pueden hacer nada, por lo que la pelota la tiene la Asamblea”.
La sentencia aún no ha sido notificada por la Corte Suprema a los actores, pero se espera que suceda en las próximas horas y no en semanas como acostumbran hacer.

San José, 3 de Agosto, 2012.

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