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COFADEH – Reacción preliminar al Informe Stein

Como organización defensora y promotora de derechos humanos desde los clamores de las víctimas, el Cofadeh escuchó con atención el reporte de la Comisión oficial de la Verdad y la Reconciliación.

Consideramos que los fragmentos del texto leídos al público causan algunas impresiones mediáticas en apariencia positivas y sorpresivas, que sin embargo nos obligan a ser precavidas.

Definen las características del golpe contra el Ejecutivo reconociéndolo como tal aunque no le llamen tal, y califican de ilegal el criminal período de Micheleti.

Lo irónico es haber tenido que pasar dos años aguardando esa afirmación que todo el mundo, incluyendo la OEA y la ONU, calificaron así desde el principio, mientras las víctimas seguían sumando en las cuentas de los verdugos.

El informe considera el peso que la corrupción tuvo en el desencadenamiento de los hechos y retrata las insuficiencias legales de los poderes judicial y legislativo para actuar contra el Presidente de la República. 

Lo lamentable es que ninguna institución, ni la OEA ni la ONU, hicieron uso de sus capacidades prospectivas para prevenir e impedir los acontecimientos y sus secuelas.

Asigna responsabilidad el informe a la OEA por la crispación de los actores locales al enviar observadores a la cuarta urna y revela, inclusive, que hubo dueños de medios de comunicación, periodistas y cercanos colaboradores que presionaron al Presidente Zelaya para que siguiera adelante en la adversidad con la consulta.

Pero rehúye con evidente cobardía siquiera insinuar las responsabilidades de los actores fácticos, oráculos, hacedores de reyes, príncipes de las tinieblas, peters panes y toda la fauna responsable de mover los cordeles del acto violento desde las sombras.

La enorme omisión del informe que capta la ciudadanía y nosotros también es la relativa a las responsabilidades individualizadas en la conspiración contra Zelaya y el pueblo hondureño.

Nos deja el enorme déficit de enfocar a religiosos, políticos, empresarios, militares, policías, diplomáticos y agentes encubiertos, entre otros culpables del golpe y sus beneficios.

No señala la colusión de los poderes del Estado para conspirar contra la institucionalidad previamente debilitada por la corrupción, la impunidad y el crimen organizado.

Reduce las víctimas post golpe a solamente 20 asesinatos selectivos, menospreciando la estadística independiente que eleva las víctimas a muchas decenas, contrastables en informes de la CIDH y de otras dependencias internacionales.

Nos deja la riqueza de una enorme lista de 88 recomendaciones que sugieren, entre líneas, los temas sobre los que esperábamos saber, pero igualmente nos deja la tristeza de depositarlas en las manos de quienes no pueden asumirlas, cumplirlas ni hacer que se cumplan.

Proclamar misión cumplida en un clima que sigue crispado por la incertidumbre que generan las mismas elites que cometieron el golpe no es ético. Ni admisible.

No queremos olvidar ni nos da la gana perdonar, porque los mismos obispos y pastores que bendijeron hoy el informe no han pedido perdón ni respondido por sus apologías a la ilegalidad, al odio y la violencia.

No hay ningún perdón posible en la sociedad hondureña sin la verdad ni la justicia, nada sobre las bases de la impunidad producirá reconciliación.

Trabajemos porque la paz sea fruto de la sanción penal y moral a los criminales golpistas, sin importar si se esconden en uniformes, sotanas o en las sombras.

DE LOS HECHOS Y LOS HECHORES NI OLVIDO NI PERDON

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras

COFADEH

Tegucigalpa 07 de julio 2011

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Avilez, Stein y Lobo, delincuentes promotores del golpe

Dicen que el golpe fue de Verdad
Por Adrián Pérez

http://www.pagina12.com.ar/fotos/20110708/notas/na23fo01.jpgSegún la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado en 2009 y el gobierno de Roberto Micheletti, designado de forma ilegal por el Congreso.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) arribó a dos conclusiones: que el 28 de junio de 2009, el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado y que el gobierno de Roberto Micheletti, designado de forma ilegal por el Congreso. Un extenso informe señaló que la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de acompañar la consulta popular que Zelaya impulsaba el día que fue derrocado –con la intención de que se celebrara una Asamblea Constituyente que discutiera su reelección–, socavó la confianza de diferentes sectores hondureños en el organismo internacional.

La CVR fue puesta en funciones el 5 de mayo de 2010 por una iniciativa de Porfirio Lobo, actual presidente hondureño. Sus conclusiones fueron desconocidas ayer por Zelaya, quien poco antes de conocerse los fundamentos del informe aseguró no tener una opinión favorable, ni esperaba que el texto revelara nada nuevo. De los 20 muertos causados por la violencia política desatada a partir de la destitución del ex presidente, la comisión determinó que al menos 12 personas fueron asesinadas por la acción de la policía y las fuerzas de seguridad.

“Se observa una progresiva erosión del proceso democrático del país –concluyó el documento–. El golpe de Estado demuestra que en Honduras la democracia continúa manteniendo un orden político-institucional, con un sistema de partidos políticos en el que tienen un gran peso los privilegios y el ejercicio de un poder discrecional y hasta arbitrario”, subraya el dossier de once páginas difundido ayer por la CVR, al que accedió Página/12. “Debe aprovecharse esta profunda crisis como una oportunidad extraordinaria para retomar el proceso de transición democrática que se desnaturalizó y se fracturó”, recomienda en su segunda página, como adelanto del informe completo de 1200 páginas que será publicado hoy en el sitio web de la comisión (cvr.hn).

A catorce meses de su primera intervención, Eduardo Stein, coordinador de la CVR, afirma que el trabajo del comité se apoyó en tres elementos: intentar esclarecer cómo se produjeron los sucesos del 28 de junio de 2009; identificar aquellos actos que condujeron a una situación de crisis y proponer elementos para evitar que esos hechos no se repitan en el futuro. Esa tarea demandó un análisis de los hechos en la capital hondureña y en el interior del país. “Entendimos que no teníamos que quedarnos sólo con lo que había pasado en Tegucigalpa. Por eso visitamos los 18 departamentos del país para recoger testimonios y escuchar de primera mano la experiencia de la gente durante la crisis”, explica Stein. “Sólo así podíamos de-sentrañar aquellas insuficiencias que desembocaron en el golpe de Estado”, agrega.

La posibilidad de determinar si se había tratado o no de un golpe de Estado fue uno de los interrogantes surgidos a la luz de ese trabajo. “No fue fácil encontrar una respuesta inmediata porque estábamos ante una situación muy sui generis”, considera Stein. Finalmente, se llegó a la conclusión de que sí se había tratado de un golpe contra el Poder Ejecutivo, encarnado en Zelaya, pero que el asalto al poder no había perjudicado a los otros poderes. El abordaje de la CVR no desestimó la participación de ex presidente hondureño y ubicó la génesis del conflicto en los meses que precedieron a su caída, cuando se realizó la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Esto último, sumado a la aprobación de Zelaya de un aumento al salario mínimo de los trabajadores, tanto del sector público como del privado, enfrentó al gobierno con un sector de empresarios locales y extranjeros.

“La expulsión de Zelaya es injustificable desde todo punto de vista, pero fue tanto responsabilidad de él como de quienes lo sacaron del poder”, asegura el ex vicepresidente de Guatemala. La comisión señaló que, al momento de su destitución, el Congreso no contaba con atribuciones para apartar al presidente hondureño ni para nombrar a su sustituto. También concluyó que el nombramiento de Micheletti como presidente interino fue ilegal y que el mandato que se desarrolló entre el 28 de junio de 2009 y el 26 de enero de 2010 se corresponde con un gobierno de facto.

Stein considera que uno de los principales inconvenientes se encuentra en el corazón de la Constitución hondureña, porque carece de un procedimiento claro para resolver conflictos entre los diferentes poderes del Estado, y que esa indefinición provocó que el Congreso nacional se extralimitara en sus funciones.

En sus recomendaciones, el CVR propone una transformación del Estado hondureño, en la que se llenen esos vacíos en su Constitución y se resuelvan esas imprecisiones. El capítulo más extenso del informe refiere a violaciones de los derechos humanos. Allí se reportaron delitos contra la vida, la integridad de las personas y la libertad; también contra los medios de comunicación. “Encontramos hechos de represión contra la población sólo por considerarla opositora. Pedimos que se investigue con mayor profundidad, se deduzcan las responsabilidades y se sometan a la Justicia.” Asimismo se identificaron más de 20 muertes en las semanas sucesivas al derrocamiento de Zelaya. Esos asesinatos fueron identificados como de dos tipos: por enfrentamientos callejeros con las fuerzas de seguridad, donde se utilizó un exceso de fuerza; y otras más importantes tienen que ver con ocho personas que podrían haber sido asesinadas selectivamente por agentes del Estado.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-171759-2011-07-08.html

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