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Costa Rica abre las puertas a militares USA para combatir narcotráfico

San José (elpais.cr) – A pesar de que el ingreso de naves y militares de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico fue aprobado con votos opositores y oficialistas, legisladores de la Alianza Parlamentaria por Costa Rica recriminaron al Gobierno lo poco que hace para combatir el flagelo.

Fuente: Carlos Salazar (csalazar@elpais.co.cr)  | 24/06/2011

Además, recordaron los escándalos en que han sido involucrados políticos con el narcotráfico, así como el financiamiento ilegal de al menos una campaña electoral del Partido Liberación Nacional (PLN), en 1986.

El permiso fue otorgado por 43 votos contra dos de los legisladores Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y José María Villalta del Partido Frente Amplio.

Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año estarán en aguas costarricenses 46 buques artillados de la Guardia Costera con 43 helicópteros y cuatro mil 132 hombres.

Recuerdos

El diputado del PAC Jorge Alberto Gamboa Corrales dijo al Plenario que el hecho de que se dé o no se dé el permiso para el atraque de los guardacostas, en realidad no va a solucionar todo el problema del narcotráfico, va a contribuir, sí, posiblemente.

“Pero el problema del narcotráfico no está en si le damos permiso o no le damos permiso a los barcos, es que el narcotráfico está involucrado e inmiscuido en la clase política de este país hace muchos años, y se lo voy a recordar, 1986 con Óscar Arias Sánchez, Ricardo Allen, jefe de campaña, y conocen toda la historia; el ex diputado Leonel Villalobos también, ustedes lo conocen; el caso de (Manuel Antonio) Noriega relacionado con Liberación Nacional también, ustedes se acuerdan de eso”, dijo.

Agregó que “el problema no son los permisos, si entra o no entra o no entra un barco, un guardacostas aquí a Costa Rica, es que el narcotráfico está inmiscuido en la clase política, financiando las campañas políticas y controlando a muchos políticos de este país, tradicionales, ¿verdad?, en que tienen que hacer lo que ellos solicitan”.

Gamboa reiteró “es mi recordatorio para ustedes, compañeras y compañeros diputados del Partido Liberación Nacional, pero aquí no se vale venir a tirar las piedras, ¿verdad?, a esconder la mano y salir corriendo para enfrentarse a eso”.

Por su lado, el Jefe del Fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luís Fishman, dijo que le llama la atención las manifestaciones de diputados del PLN porque “no tienen una actitud congruente entre lo que dicen, entre lo que plantean y en lo que ayuda la oposición”.

“El día de ayer pasó algo inaudito en la Comisión de Asuntos Hacendarios, todos los diputados de oposición votando y apoyando un proyecto para establecerle impuestos a los casinos, a las mesas de juego, a los “call center”, ¿y ustedes, costarricenses, podrían imaginarse quién se opuso a eso?, el Partido Liberación Nacional, así como lo oyen, el Partido Liberación Nacional, los diputados de Liberación Nacional se opusieron a que el dictamen, a que el dictamen que estaba para votarse y en el cual se había concedido una semana, voy a seguir, se le había concedido a la diputada Brenes una semana para que lo firmara, y después de la semana llegamos el día de ayer, después de concedida esa semana, y no estaba, así es, diputado Céspedes, y aquí, y aquí vienen a hablar de las políticas de seguridad ciudadana”.

“Hemos planteado proyectos desde hace meses para que los decenas de millones de dólares que están incautados al narcotráfico, los vehículos, las propiedades pasen a la lucha del ICD (Instituto de Control de Drogas), ¿y quiénes se han parado en la manguera? Los diputados del Partido Liberación Nacional, no ha habido manera de que a ese proyecto se le dé un trato prioritario, cuando hay millones de dólares y aquí llegan los funcionarios del ICD a decir que no tienen recursos, que de ahí solo pueden utilizar los intereses, les preparamos una ley, les damos una ley para que puedan acoger los recursos de forma inmediata para la lucha con una garantía del Estado de que en el eventual caso de que se pierda el juicio se responde, pero tenemos los recursos de manera inmediata y no ha habido manera tampoco”, añadió.

Además, Fishman recriminó que el Gobierno de Laura Chinchilla no ha planteado una estrategia concreta de lucha antidrogas.

“Pero, ¿cómo es posible?, si ya llevamos catorce meses de gobierno, que estén elaborando en estos momentos, después de cuatro años de gobierno también la política en antidrogas, ¿en qué podemos ayudarles, dígannos, señores diputados?”,, cuestionó.

De seguido afirmó que “aquí no es solo que votemos el permiso para que lleguen los barcos, aquí el problema está adentro, dentro del país. ¿Cuáles son las políticas, diputado (Víctor) Víquez, que usted y sus compañeros quisieran que nosotros impulsáramos para poder ayudar?”.

Entre tanto, la legisladora por el PAC, Carmen Muñoz Quesada, afirmó que “acá la guerra contra el narcotráfico se está perdiendo desde hace mucho rato con los gobiernos que con desidia, con falta de inversión, sin recursos y haciendo un gobierno realmente irresponsable han venido acá, prácticamente, desatendiendo la seguridad ciudadana, no por casualidad para el pueblo de Costa Rica ese es un tema de primer orden, un tema de gravedad, no por casualidad la presidenta Chinchilla lo puso entre sus temas prioritarios, así que no vengan aquí ahora a asustarnos con la vaina vacía”.

Luego denunció que “en diez años, once años de acuerdo bilateral con el Gobierno amigo de los Estados Unidos, diay, aquí el narcotráfico, más bien se profundiza, se pasea por las calles como Pedro por su casa y resulta que aquí estamos hoy discutiendo una nueva solicitud de aprobación del acuerdo de patrullaje y resulta que el Gobierno de los Estados Unidos nos manda un anexo A en su solicitud con un informe viejo, cuando el protocolo y el mismo acuerdo establecen que el informe tiene que darse sobre los resultados del último semestre”.

Solicitud

La nota solicitando el permiso señala que dichos buques, operarán en las aguas de la zona económica exclusiva de Costa Rica en el Océano Pacífico y el Mar Caribe, y en las cercanías de esta zona, tienen como misión el apoyo a operaciones antidrogas en el cumplimiento del acuerdo marítimo bilateral “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la cooperación para suprimir el tráfico ilícito”, aprobado mediante Ley Nº 7929.

José María Villalta, del Frente Amplio, pidió poner atención a la página 19 del documento, “donde viene la traducción de la nota que envía a la Embajada de Estados Unidos al cuarto párrafo que dice: El Gobierno de Costa Rica acreditará al personal de los Estados Unidos, en Costa Rica, con un grado de operación equivalente al del personal técnico y administrativo de la Embajada de los Estados Unidos de América -y esta es la frase que es importante- de conformidad con el artículo 37 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas”.

“Esto no venía en otras solicitudes de permiso, por eso nos fuimos a ver que dice el artículo 37 de la Convención de Viena, y es el que establece qué tipo de privilegios e inmunidades tendrán los representantes diplomáticos. Y dice en su párrafo segundo: El personal técnico administrativo, o sea, el grado que quieren darle a las fuerzas estadounidenses que estarán en estas embarcaciones, gozarán de los privilegios e inmunidades mencionados en los artículos 29 y 35 de esta Convención”.

“Pues bien, compañeras y compañeros, ¿qué dice el artículo 29?, se los voy a leer, porque esto es algo nuevo y algo importante, aunque sé que, prácticamente, nadie me está poniendo atención, dice el artículo 29: La persona del agente diplomático es inviolable, no puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto, y dice el artículo 35: El Estado receptor deberá eximir a los agentes diplomáticos de toda prestación personal, de todo servicio público cualquiera que sea su naturaleza”.

Villalta dijo que “Esto es incompatible con lo que aquí se nos ha dicho y con lo que dice el Convenio de patrullaje conjunto, que se opone también esta nota, cuando dice que Costa Rica no renuncia a su jurisdicción penal, aun en los casos de compensación civil, porque, señoras y señores, ¿cómo va a ejercer Costa Rica su jurisdicción penal si le están dando inmunidad y no pueden ser detenidos los tripulantes de embarcaciones de guardacostas que cometan algún delito en Costa Rica?, ¿cómo va a ejercer Costa Rica su jurisdicción penal si aquí se les está equiparando con la inmunidad de los cuerpos diplomáticos y se les exime de pagar cualquier servicio público independientemente de su naturaleza?”

“Esto no venía en solicitudes anteriores de permisos y nos preocupa mucho que se le quiera dar inmunidad a fuerzas policiales o militares, en el caso del otro permiso, que vengan a hacer labores policiales en Costa Rica, esto se parece a normativa que ha existido en otros estados latinoamericanos, donde se le da un fuero especial a las fuerzas policiales o militares, se les da un régimen de inmunidad, en algunos casos existen tribunales militares especiales, en algunos países, en otros se le da una inmunidad a las fuerzas del orden respecto a la jurisdicción común y eso es muy peligroso, en Costa Rica no es así, las fuerzas policiales tienen el mismo régimen jurisdiccional que cualquier otro ciudadano, pero aquí se está abriendo un portillo peligroso para establecer esa excepción”, concluyó.

http://www.elpais.cr/articulos.php?id=48057

Un envío de Gerardo Brenes

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